El PSOE cree que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte debería prestar el superávit al Gobierno central

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El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Alfonso Castillo Gallardo, considera que el Consistorio «debería adherirse voluntariamente al acuerdo entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias -FEMP-).

El pasado 4 de agosto el presidente de la FEMP, Abel Caballero, y el del Gobierno, Pedro Sánchez, firmaron un acuerdo  el “para contribuir desde los municipios a desarrollar una movilidad sostenible, la Agenda Urbana, y políticas de cuidados y apoyo a la cultura”. Establece que los ayuntamientos que lo deseen podrán poner sus remanentes a disposición del Gobierno central, que aportará 5.000 millones que no serán devueltos de forma inmediata en proporción a las cantidades entregadas. Hacienda transferirá este montante para aumentar la capacidad de gasto e inversión de los consistorio sin incurrir en déficit. A partir de 2020 (2022 según se publicó en el Boletín Oficial del Estado -BOE-), el Ejecutivo revertirá a los municipios el cien por cien de los remanentes recibidos en un plazo de 10 años (15 según lo publicado en el BOE), así como intereses. Asimismo, exime a los que se adhieran del cumplimiento de la regla de gasto para 2020 y contempla la creación de un fondo para compensar el déficit por la caída del transporte municipal.

Ahora este acuerdo deberá someterse a una votación de convalidación o derogación en el plazo de un mes en el Congreso de los Diputados.

En el caso de Boadilla del Monte, el superávit de 2019 ascendió a 51 millones de euros, de los que parte se han destinado a paliar los efectos de la COVID-19.

«Es un pacto justo y realista, permitiendo que los municipios den un mejor servicio a los ciudadanos».

El PSOE de la localidad contempla la adhesión al acuerdo de forma «positiva», según ha valorado en Boadilladigital. Castillo argumenta esta postura «entendiendo que la actual situación legal impide a los ayuntamientos recurrir a sus remanentes de tesorería, ya que estarían incumpliendo con el artículo 135 de la Constitución española». La Carta Magna establece que los consistorios deberían estar en equilibrio de presupuestario, de manera que «el acuerdo con la FEMP es una vía legal y efectiva que rompe con ese corsé económico liberando recursos para actuaciones en el ámbito de la Agenda Urbana, Medio Ambiente, Movilidad Sostenible, Cuidados de Proximidad, Cultura e Infraestructura deportivas, contribuyendo con ello a la reactivación económica y social de nuestros municipios, tan necesaria en estos momentos».

El portavoz socialista ha indicado que «aunque Boadilla ya ha podido utilizar más de 40.000.000€ del remanente en ampliación de presupuestos y presupuestos extraordinarios, básicamente en actuaciones para combatir la COVID-19 y las actuaciones para dinamizar la actividad económica», que han contado con el apoyo del PSOE en la localidad.

Castillo ha recalcado que los remanentes de tesorería son de los consistorios, que estos no pueden recurrir libremente y que si se hiciese también se vulneraría la Ley de Estabilidad. También ha subrayado que «la libre disposición generaría en los ayuntamientos un incremento del gasto que no estaría respaldado por ningún ingreso, lo que generaría déficits municipales, vulnerando así la Constitución española, y ha recalcado que «en ningún caso, se puede hablar de que el Gobierno se queda con el dinero de los ayuntamientos, no lo necesita, ya que, en su opinión, el Ejecutivo «se financia sin problemas y a tipos negativos».

Castillo cree que el Gobierno central «asumirá más déficit para que los ayuntamientos puedan gastar e invertir más».

Para el portavoz, esta vía habilita que los ayuntamientos con remanentes de tesorería puedan invertir más, ya que a quienes se adhieran, el Gobierno «les transferirá como un ingreso no financiero, el equivalente al 35 por ciento del remanente de tesorería como mínimo, o hasta 5.000 millones. De esta forma, mantendrían sus remanentes y recibirían esas cantidad del Estado en dos años, «como petición expresa de los alcaldes que manifestaron que no tenían margen para ejecutar los 5.000 millones en un solo ejercicio». Castillo cree que el Gobierno central «asumirá más déficit para que los ayuntamientos puedan gastar e invertir más».

Finalmente, ha señalado que «las declaraciones de algunos políticos, en el sentido de que los ayuntamientos financian al Estado central, carecen, como queda patente a la lectura del acuerdo, de sentido alguno» y apela a que «es fruto de una larga negociación» para alcanzar un pacto «justo y realista, permitiendo que los municipios den un mejor servicio a los ciudadanos».

Esta postura del PSOE es contraria a la del Partido Popular boadillense. Los populares anunciaron el pasado 7 de agosto que presentarían una moción en todos los ayuntamientos, diputaciones y asambleas regionales de España para exigir la retirada de «la medida que incauta sus ahorros a las entidades locales» (unos 15.000 millones de euros), tal y como afirmó el exalcalde de Boadilla del Monte, Antonio González Terol.

 

 

 

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