Según los datos facilitados por la Comunidad de Madrid contabilizados hasta el pasado lunes 10 de octubre.
El Gobierno autonómico creó esta red de seguridad y emergencias en julio como parte de la estrategia ESICAM 179, de apoyo a las policías locales.
Este servicio de plataforma de asistencia e información, está integrada operativamente en el Centro de Coordinación Municipal (CECOM) y se encuentra en la sede del 112. Desde su puesta en marcha el pasado mes de julio, se han tramitado más de 2.300 llamadas. De ellas, 800 están relacionadas con episodios de ocupación ilegal de viviendas, y se hicieron a través del teléfono gratuito 900 205 112.
Esta cifra revela un crecimiento del número de afectados que pide ayuda a este servicio desde que el pasado mes de agosto se situaran en 300 las llamadas, tal y como contamos en Villaviciosadigital.
Asimismo, según el informe estadístico global, desde el pasado 23 de junio hasta el 2 de octubre de las 2.158 llamadas recibidas 781 se relacionan con temas de ocupación, y en la mayor parte facilitaron información al propietario de la vivienda o terceras personas relacionadas con él (196). Como dato curioso, 21 eran de personas que llamaron de otras comunidades autónomas.
Hasta el momento son 28 los ayuntamientos se ha sumado a esta red de seguridad, como herramienta de coordinación entre la Administración regional y los consistorios.
El CECOM inició su servicio de 07.30 a 23.00 horas, con dos operadores en toda la franja y un policía sólo durante la mañana, los siete días de la semana, aunque pueden activar un turno de noche.
Si el hecho de la ocupación ilegal tiene lugar en el momento de la llamada o dentro de las 48 horas siguientes, los agentes telefónicos del CECOM realizarán un primer análisis de la situación. Como paso inicial, si por sus circunstancias se considerase una emergencia, se derivaría el caso al 112 para la actuación inmediata de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del estado y policías locales.
Los citados agentes, que han recibido formación específica para ello, realizarán una calificación jurídica, si bien los expedientes más complejos podrán ser trasladados a uno de los dos inspectores de vivienda especialistas que forman parte de este servicio. Todo ello antes de que se produzca la intervención policial o las gestiones que pueda realizarse en Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD).
