El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobó ayer el decreto que regula también el funcionamiento de sus órganos, así como las relaciones entre la Administración y los colegios profesionales competentes en este ámbito.
El portavoz del Gobierno regional y también consejero de Justicia, Miguel Ángel García, explicó que esta nueva norma «agiliza y refuerza el derecho a la tutela judicial efectiva recogida en la Constitución Española».
Destacó que simplifica trámites administrativos para los ciudadanos, como el por ejemplo, el formulario de solicitud, que deja claro el alcance de este servicio público y también pasa a estar disponible en lectura fácil.
Asimismo, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de la Comunidad de Madrid, órgano encargado de reconocer este derecho en este territorio, amplía sus competencias y se adapta a la normativa estatal vigente.
El pasado año un total de 70.677 personas se beneficiaron de este servicio público.
El decreto que regula el servicio de asistencia jurídica gratuita detalla de forma más exhaustiva las funciones de los colegios profesionales de abogados y procuradores en esta actividad, con el fin de garantizar un correcto desempeño y con ello su calidad. En cuanto a las bases económicas e indemnizaciones a aplicarles, introduce una serie de procedimientos inexistentes en el momento de aprobación del anterior texto, ahora derogado, y actualiza varios módulos.
El pasado año un total de 70.677 personas se beneficiaron de este servicio público al que el Gobierno regional destina más de 57 millones de euros, que se amplían hasta los 63 si incluye el Servicio de Orientación Jurídica, el de Representación Procesal y el Turno de Oficio, también gratuitos para aquellos que cumplen los requisitos.
