Ha declarado firme la sentencia que anuló el incremento de la remuneración de unos 400 trabajadores del Consistorio boadillense en 2008.
El TSJM ha ordenado la ejecución de esa sentencia de diciembre de 2017 a través de la sección sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, después de que hayan pasado los 30 días para que se presentara recurso de casación contra el fallo sin que se haya presentado escrito alguno.
El plazo para su ejecución es el fijado por la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y, por tanto, el Ayuntamiento debe practicar «lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contendidas en el fallo», «debiendo en el plazo de diez días, acusar recibo y comunicar al órgano responsable del cumplimiento del fallo de la Sentencia», especifica el TSJM.
Esta situación afecta a unos 400 empleados del Ayuntamiento en 2008, a los que se subió «ilegalmente» más del tres por ciento que era el tope fijado en los Presupuestos Generales del Estado para funcionarios, trabajadores y representantes públicos. Según Alternativa por Boadilla (APB) el incremento fue de entre un 5,2 y un 23,7 por ciento, hasta alcanzar unos cuatro millones de euros durante 2009 y 2011, entre 7.000 y 40.000 euros por persona.
Fue APB quien interpuso en 2008, cuando era alcalde Arturo González Panero, un recurso contra el acuerdo del Pleno del Consistorio que aprobó el Presupuesto para ese año, la plantilla de personal municipal y del Patronato de Gestión Cultural. El fallo del pasado mes de diciembre estimaba parcialmente ese recurso.
Desde el Ayuntamiento han indicado a Europa Press que ejecutarán la sentencia, aunque apuntan a que en la misma señala al TSJM que es quien debe determinar cómo ejecutarla a través de un procedimiento independiente denominado incidente de ejecución.
