El grupo socialista presentó una moción de urgencia en el Pleno ordinario de abril que tuvo lugar el pasado viernes para que “los representantes pidan perdón” en el municipio, que el Partido Popular votó en contra.
El grupo municipal Socialista de Boadilla del Monte ha denunciado que el equipo de Gobierno (PP) rechazó condenar en la sesión plenaria la corrupción relativa al caso ‘Gürtel’ en el municipio.
Han explicado que propusieron este abril, a través de su portavoz Alfonso Castillo, una declaración institucional. Como no fue aceptada, realizaron “una moción de urgencia que fue rechazada por los votos del Partido Popular”. En esta pedían que sus actuales representantes (locales, autonómicos y nacionales) “pidan perdón”. Además, que “expresen su firme compromiso para que se devuelva hasta el último euro de lo defraudado al municipio y al erario público, denunciando y condenando la forma corrupta de proceder durante los años 2003 al 2007”.
Han remarcado además que el PP se aprovechaba de la trama “para financiarse irregularmente en la competición electoral”. Mientras que los demás partidos políticos “concurrían lícitamente en las campañas electorales con los medios de los que disponían”.
La agrupación ha destacado la “integridad, transparencia y buen gobierno”. Y agradecido a los exconcejales populares José Luis Peñas y Ángel Galindo Álvarez por denunciarlo y colaborar con la justicia.
Sentencia de la Audiencia Nacional
El pasado 11 de abril, la Audiencia Nacional condenó al Partido Popular a abonar más de 204.000 euros por participar en las actuaciones de la ‘Gürtel’ en la localidad.
El exalcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, recibió la pena más larga, con 36 años y 11 meses de cárcel, además de multas de más de 6 millones de euros. En total, hay 23 condenados, entre ellos el líder de la trama, Francisco Correa, y Pablo Crespo.
El tribunal remarcó que el PP obtuvo un beneficio evidente de forma ilícita mediante la adjudicación de obras o contrataciones directas a empresas del grupo Correa. Los pagos sirvieron para “sostener la organización en implicaron un menor gasto en las campañas y precampañas de 2003 y 2007.
Se trató de la tercera sentencia, después de las de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda y la de la caja B.
