Hasta el año 2030, tras alcanzarse un acuerdo unánime entre todas las autónomías para la distribución de los fondos del nuevo Plan Estatal de Vivienda (PEV) 2026-2030.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, presidió el pasado jueves en Madrid la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, donde se ratificó de forma unánime el reparto final del presupuesto global del plan, que asciende a 7.000 millones de euros.
Para la primera anualidad correspondiente al ejercicio 2026, la Comunidad de Madrid recibirá una asignación directa de 127,2 millones de euros, de un total de 800 millones que se distribuirán de forma inmediata entre todas las regiones para el desarrollo de políticas públicas habitacionales. Rodríguez destacó la relevancia del consenso alcanzado entre administraciones de diferente signo político, señalando que «este es el camino» y que el problema de la vivienda solo se resuelve «desde el acuerdo, dejando a un lado los planteamientos partidistas para irnos a respuestas eficaces».
El diseño definitivo de este plan nacional es el resultado de 28 reuniones de trabajo con las comunidades autónomas, así como de encuentros con agentes sociales, entidades y expertos del sector, en los cuales se analizaron e incorporaron un total de 365 aportaciones al texto definitivo. El nuevo modelo establece un sistema de corresponsabilidad financiera en el que el Ejecutivo central aportará el 60% de los fondos y las autonomías gestionarán el 40% restante.
Respecto a la distribución interna de los recursos, el plan fija por normativa que al menos el 40% de los fondos se destinará exclusivamente a la construcción y adquisición de inmuebles. Por su parte, un 30% se dirigirá a la rehabilitación del parque residencial ya existente, mientras que el 30% restante se reservará para garantizar la protección de los colectivos y territorios en situación de mayor vulnerabilidad. Asimismo, el documento introduce cláusulas de control antifraude y herramientas para blindar la protección permanente de todas aquellas viviendas que se edifiquen utilizando estos fondos públicos.
Vivienda digna
Este acuerdo se ha producido un par de días antes de una manifestación ayer en la capital, a la que han asistido más de 100.000 personas, según el Sindicato de Inquilinas de Madrid, convocante del ecto.
Exigieron una vivienda digna, llamaron a la desobediencia inquilina y a iniciar un proceso hacia una huelga general.
Para el sindicato supone la concentración ha supuesto «un punto de inflexión» y el comienzo de un nuevo ciclo de movilizaciones en más de 30 ciudades durante las próximas semanas y hasta finales de junio.
En lo que respecta a la Comunidad de Madrid, el Gobierno regional ha recordado que desde 2019, han construido el 40 % de toda la vivienda protegida terminada en España y prevé promover más de 70.000 hogares con algún tipo de protección, 18.000 en los próximos cuatro años.
