En una sesión plenaria marcada por el debate sobre la convivencia y la salubridad, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte aprobó inicialmente la modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora de Tenencia de Animales de Compañía.
La medida estrella de esta reforma es la implantación obligatoria de la identificación genética (ADN canino), tal y como adelantó Boadilladigital en esta noticia. Se trata de un sistema que busca erradicar la presencia de excrementos en las calles mediante la vinculación inequívoca entre el animal y su propietario. Se trata de una medida que aplican en localidades de la Comunidad de Madrid como Meco, Tres Cantos, o Alcalá de Henares.
El concejal de Sanidad, Claudio Fragola Arnau (PP), presentó la moción como una respuesta a una «realidad evidente y creciente», afirmó: la persistencia de excrementos en la vía pública a pesar de las campañas de concienciación. El nuevo sistema funcionará mediante una toma de muestra de saliva realizada por veterinarios colegiados, que será analizada y archivada en un laboratorio homologado. Este registro no sustituye al censo actual, sino que «lo refuerza» para permitir la identificación de infractores a través de los restos encontrados en la calle.
El edil afirmó: «esta medida nos permite establecer una correspondencia inequívoca entre el animal y su propietario». También cree que dotará al Ayuntamiento de un nuevo sistema «más objetivo y preciso».
Debate entre la legalidad, el coste y la eficacia
La oposición, aunque reconoció la legitimidad del objetivo de mejorar la limpieza, planteó diversas dudas, entre ellas legales y de competencia.
Tanto Marian Graña (Grupo Mixto, Más Madrid) como Alessandra del Mónaco (PSOE) cuestionaron si un ayuntamiento tiene competencia para imponer nuevos sistemas de identificación obligatoria frente a la Ley de Bienestar Animal estatal.
Señalaron que la medida supone un desembolso aproximado de 40 euros por animal. Graña lamentó que los propietarios responsables asuman el coste de la «minoría incívica». No obstante, apuntó a que «el simple hecho de saber que una conducta incívica puede derivar en una identificación y sanción provoca que muchos propietarios actúen con mayor responsabilidad».
Finalmente, solicitó la aplicación de la medida con «proporcionalidad, eficacia y transparencia».
Desde los socialistas reconocieron el problema y ven «legítimo» que el Consistorio lo aborde. Del Mónaco cuestionó que cada municipio establezca sistemas adicionales como el ADN obligatorio sin tener un marco homogéno estatal o autonómico y no ven claro las competencias en esta materia: «la seguridad jurídica no es detalle menor», recalcó.
También apuntó al impacto económico de la medida para los propietarios de los perros y criticó un enfoque basado excesivamente en el «control y la sanción» en lugar de una estrategia integral de educación cívica (pidió que se incluya en la modificación), calificando la propuesta como una medida «invasiva». Por esas dudas adelantaron su abstención a la iniciativa.
Por su parte, Juan Pineda (VOX) mostró su apoyo a una medida que, en su opinión, «no es la ideal», pero que responde a una «realidad evidente» y «nos beneficia a todos», dijo. Además, defendió que el coste íntegro de recogida y análisis debería recaer exclusivamente en el infractor; afirmó que «es profundamente injusto que la mayoría responsable tenga que pagar por la dejadez de unos cuantos… que el vecino incívico pague, eso es lo que es justo».
Pese a esto, su formación se abstuvo finalmente porque quieren que el texto recoja expresamente una modificación de la propuesta para que el Ayuntamiento obligue a costear al propietario sancionado el dinero por la recogida de las muestras y el análisis; cambiar un «podrá», por «la obligación de repercutirse». Entienden que el coste asociado debe pagarlo el dueño del perro que incumpla, la multa aparte.
Ante los comentarios de los ediles de la oposición, Fragola recordó que hay sentencias que «avalan» la medida por parte de los ayuntamientos, de manera que considera que aclaran que sí tienen competencia para implantarla. En cuanto al precio del registro, anunció que el Ayuntamiento financiará inicialmente los 40 euros de la prueba durante un «tiempo razonable» para evitar que la carga recaiga de inmediato sobre los vecinos.
La propuesta de aprobación inicial de la modificación contó con 18 votos a favor, siete abstenciones y ningún en contra. De esta forma, fue aprobada, e inicia ahora su periodo de exposición pública y alegaciones antes de su aprobación definitiva
