La situación de la licitación provoca que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte celebre este martes una sesión extraordinaria a partir de las 9.00 horas.
Se trata del contrato público más importante del municipio, el cual tiene un presupuesto base de licitación de 10.317.838,27 anuales y se ejecutará durante 10 años. Fue adjudicado en enero a la actual adjudicataria, Urbaser S.A. (propuso un coste anual de 8.066.673,55 sin impuestos), tal y como informó Boadilladigital en esta noticia, por ser la oferta más económica y mejor valorada.
Sin embargo, la tramitación quedó suspendida en febrero debido a que empresas como FCC Medio Ambiente S.A.U. y Valoriza Servicios Medioambientales S.A., presentaron un recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (TACP). Los argumentos de esas sociedades fueron que Urbaser había bajado el precio de su propuesta en lo relativo al coste de los vehículos, ya que estipulaba que no eran en propiedad sino en renting. Para ellas, era un incumplimiento de las prescripiones técnicas.
Adjudicó el servicios a Urbaser por ser la oferta más económica y mejor valorada.
El tribunal estimó el 13 de marzo los recursos, anuló la clasificación de ofertas, ordenando retrotraer las actuaciones al momento anterior a la adjudicación. Su falló consideró que la oferta de Urbaser incumple el pliego de prescripciones técnicas en la medida en que no se adecúa al plazo de amortización de 10 años de los vehículos. De esta forma, apuntó a que por este motivo no puede admitirse si esto la sitúa en posición económicamente más ventajosa que el resto, lo que iría contra el principio de igualdad de licitadores que debe presidir todo contrato administrativo. Por eso anuló el acuerdo de adjudicación del contrato.
El 24 de marzo la Mesa de Contratación, en base a la resolución del TACP, decidió excluir a Urbaser del proceso. Además, aceptó la propuesta de FCC (8.813.701,40 euros sin impuestos) y acordó pedirla la documentación necesaria para continuar la adjudicación.
Recurso del Ayuntamiento al TSJM
Fuentes del Consistorio han explicado a Boadilladigital que el Ayuntamiento «no comparte esta interpretación» del TACP y van a recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al considerar que en ningún apartado de los pliegos se establece de forma expresa, ni tan siquiera implícita, la duración máxima que debía tener el leasing o renting.
También se han mostrado contrarios al TACP en cuanto a que no creen que se haya vulnerado el principio de igualdad entre los licitadores «ya que cualquiera de ellos podría haber optado por el leasing o el renting y plantear la oferta en los mismos términos que URBASER, S.A.,», algo que no hicieron y sí optaron por la adquisición de los vehículos en propiedad.
Asimismo, señalan que el tribunal «parte de un error» al declarar que URBASER, S.A “…adquiere los vehículos bajo el régimen de leasing…”, ya que en esta modalidad no se adquieren, solo le son cedidos en uso, lo que le lleva a asimilar erróneamente el concepto de «periodo de amortización » de un bien, puesto que este hecho, en sentido estricto, solo es aplicable respecto a los adquiridos en propiedad.
Medidas cautelares
Además del recurso, el Ayuntamiento pedirá al TSJM medidas cautelares para suspender las resoluciones del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, así como del procedimiento de contratación en la fase ordenada por dichas resoluciones, manteniendo la suspensión hasta que recaiga sentencia firme.
En opinión de estas fuentes, «el peligro en la demora es manifiesto e incontrovertible», pues la ejecución de las resoluciones impugnadas sin suspensión cautelar (adjudicar el contrato a FCC) generaría efectos irreversibles de más de 15.000.000 de euros en inversiones comprometidas, estiman. Y a esto suman posibles «responsabilidades indemnizatorias millonarias que comprometerían la hacienda municipal».
La ejecución de las resoluciones del TACP «generaría efectos irreversibles de más de 15.000.000 de euros en inversiones comprometidas».
En caso de que el TSJM aceptase la suspensión de las resoluciones del TACP y de la continuación de la adjudicación, remarcan que «el interés público está garantizado por la continuidad del servicio (continuaría de forma excepcional Urbaser hasta que se resolviera todo) y consideran no existe perjuicio irreversible para ningún tercero».
Por todo esto, el Pleno tratará la propuesta de acuerdo para ceder al equipo de Gobierno la competencia para la realización de acciones judiciales, y la aprobación de la interposición del recurso contencioso‑administrativo contra las del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. También votarán inadmitir la suspensión del expediente de contratación que ha presentado Urbaser, algo que no consideran necesario desde el Consistorio.
