La Delegación del Gobierno en Madrid impartió formación a 45 ayuntamientos, entre ellos el de Boadilla del Monte, sobre el uso de los Fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Cerca de 70 profesionales del ámbito local participaron en esta jornada telemática impartida por Eva Corrales Melero, jefa de la Unidad de Coordinación Contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno. El objetivo principal de esta capacitación ha sido dotar a los técnicos y responsables municipales de los conocimientos necesarios para gestionar las partidas presupuestarias de un pacto que fue renovado en 2025.
Desde el Ejecutivo nacional apuntan a que «esta actualización refuerza el papel de los ayuntamientos como la administración más cercana a la ciudadanía y actor determinante en la protección de las víctimas».
Durante el desarrollo de la jornada, se hizo hecho especial hincapié en la necesidad de que las actividades financiadas tengan una vinculación directa con la prevención, la sensibilización y la erradicación de la violencia machista. En este sentido, el nuevo marco normativo del Pacto de Estado contempla un total de 461 medidas, de las cuales 144 interpelan de manera directa a la administración local, lo que supone un incremento de la responsabilidad y los recursos gestionados por municipios como Boadilla del Monte.
La subdelegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Pilar Trinidad Núñez, fue la encargada de clausurar el evento, subrayando la importancia de la colaboración institucional para garantizar que el presupuesto llegue de manera efectiva a proyectos que impacten en la seguridad de las mujeres.
La iniciativa surge tras la detección, en ejercicios anteriores, de solicitudes de financiación para actuaciones que no se ajustaban a los criterios de objeto de subvención, por lo que la claridad administrativa resulta prioritaria en esta nueva etapa.
Esta sesión forma parte de una estrategia nacional impulsada por la Red Nacional de Unidades de Violencia contra la Mujer. El Ministerio de Igualdad prevé que, entre los meses de abril y mayo, se trasladen criterios homogéneos y guías de buenas prácticas a más de 8.000 municipios de todo el territorio nacional. De esta manera, busca asegurar que cada euro invertido contribuya eficazmente a la red de protección y detección precoz de la violencia de género en el ámbito local.
