El Pleno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte aprobó una moción de VOX para proteger a los vecinos electrodependientes en situaciones como el apagón eléctrico que sufrió España el 28 de abril.
Contó con el apoyo del Partido Popular, el rechazo del PSOE y la abstención de Más Madrid.
La propuesta contempla tres medidas principales: la creación de un Registro Municipal de Personas Electrodependientes, «voluntario y con todas las garantías de protección de datos, para identificar a los vecinos que necesiten asistencia prioritaria en caso de corte eléctrico». El establecimiento de un protocolo de actuación en colaboración con Servicios Sociales y Protección Civil, que asegure la localización, el contacto inmediato y, si fuera necesario, el traslado o la provisión de equipos de emergencia como generadores eléctricos o sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI). Y por último el impulso de ayudas económicas para sufragar los costes de adquisición, mantenimiento o sustitución de los equipos indispensables para este colectivo, así como dispositivos auxiliares que garanticen su seguridad.
El objetivo es «garantizar que en futuras emergencias similares, los vecinos cuya vida o salud dependa del uso de equipos médicos eléctricos cuenten con la atención y asistencia necesarias», han destacado.
El portavoz del grupo municipal, Juan Pineda, ha señalado: “no podemos permitir que ninguna persona quede desamparada cuando su vida depende de la electricidad. Con esta medida, damos un paso firme en la dirección correcta».
Además, ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios. «Tenemos que estar preparados a futuros apagones mientras nos sigan gobernando los comunistas”.
Más Madrid
La edil de Más Madrid, Marian Graña, argumentó su rechazo porque el 22 de mayo el Consejo Interterritorial del Servicio de Salud (Ministerio de Sanidad y las consejerías de las comunidades autónomas) aprobaron un acuerdo para elaborar un plan marco de actuación ante situaciones de insuficiencia de suministros esenciales, para establecer «unos niveles mínimos en el sistema nacional de salud» dentro de las competencias, especialmente dirigido a la población vulnerable.
«El Ministerio y las comunidades autónomas ya han actuado y por eso nos vamos a abstener», a la espera de ese plan marco, dijo.
Por su parte, desde el PSOE, el edil Francisco Manuel Fernández, en la misma línea que contó Graña, explicó que lo adecuado es esperar a ese plan marco que están elaborando desde el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas y que está previsto que esté aprobado dentro de un año. «No se trata de ir cada uno por su cuenta», afirmó e indicó que «convendría atender a la regulación y las directrices, para ver cómo lo hacemos nosotros». Apeló a que los ayuntamientos se coordinen con las autonomías y el Gobierno de España y con los expertos.
Los socialistas consideran que «esta moción, con el debido respeto, es precipitada y no ha lugar», al estar en pleno debate de medidas conjuntas por parte de las comunidades autónomas y Gobierno.
