El Sindicato de Bomberos, federado en CSIT UNIÓN PROFESIONAL, ha denunciado públicamente el riesgo real que corre la incorporación de la próxima promoción de 267 Bomberos especialistas conductores (BEC) de nuevo ingreso.
Desde el sindicato han solicitado los permisos pertinentes para iniciar movilizaciones ante esta sitauación.
Esta situación se produce tras quedar desierto el contrato destinado a realizar los reconocimientos médicos necesarios para certificar la aptitud de los aspirantes, un paso imprescindible para finalizar el proceso de oposición.
La falta de estos profesionales compromete directamente la apertura de los nuevos parques de bomberos proyectados por el Gobierno Regional para el año 2027 en las localidades de Villanueva de la Cañada y Villarejo de Salvanés. Según la organización sindical, la plantilla actual es insuficiente para cubrir estas nuevas instalaciones, ya que los efectivos actuales no pueden asumir más horas extraordinarias, las cuales suponen actualmente un coste superior a los 25.000.000 de euros.
El bloqueo administrativo y sus consecuencias
El proceso de selección para estas 267 plazas se encuentra en su fase final, a falta únicamente del reconocimiento médico. Anteriormente, esta tarea era gestionada por la unidad médica del propio Cuerpo de Bomberos; sin embargo, la Dirección General de Función Pública decidió externalizar el servicio mediante un concurso público, algo por lo que protestaron en enero. Tras el periodo de presentación de candidaturas, ninguna empresa privada ha optado al contrato bajo las condiciones económicas establecidas, lo que ha provocado que el proceso quede desierto.
Esta parálisis administrativa afecta gravemente a los aspirantes, quienes llevan meses esperando tras concluir los ejercicios anteriores. La demora pone en peligro el inicio de la formación especializada prevista para el mes de septiembre, dado que el reconocimiento médico requiere un plazo aproximado de dos meses para su ejecución. Desde el sindicato señalan que los retrasos en la gestión por parte de la Dirección General de Función Pública derivan habitualmente en perjuicios operativos y económicos para el cuerpo.
El impacto logístico es significativo, ya que el Cuerpo de Bomberos ha dedicado meses a organizar la formación de la que será la promoción más numerosa de su historia. El sindicato advierte que toda la inversión y el trabajo previo podrían perderse si los plazos burocráticos impiden el inicio de las acciones formativas en las fechas programadas.
Medidas de presión y urgencia operativa
La situación reviste una gravedad especial en el caso del parque de Villanueva de la Cañada, donde está prevista la instalación del Grupo Especial Forestal (GERIF). La falta de personal cualificado impediría su puesta en marcha, un colectivo fundamental para la prevención y extinción de incendios en zonas boscosas.
Ante este escenario, el portavoz del Sindicato de Bomberos, Israel Naveso, ha confirmado que ya se han solicitado los permisos pertinentes para iniciar movilizaciones «y medidas de presión necesarias», según han recalcado. El objetivo de estas protestas es señalar la responsabilidad de la Dirección General de Función Pública en lo que consideran una gestión deficiente que pone en jaque la seguridad ciudadana y el futuro profesional de 267 familias.
