La futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) unificará además «de forma pionera» todas las enseñanzas superiores.
Esta norma sustituirá y actualizará el marco legal anterior, la Ley 4/1998 de Coordinación Universitaria, para adaptarse a los cambios recientes en la legislación estatal y a las necesidades actuales del sistema universitario madrileño. Está previsto que entre en vigor en el último trimestre de 2025, tras pasar por el trámite de información y audiencia pública y su debate en la Asamblea de Madrid.
Entre las novedades en las que está trabajando el Ejecutivo autonómico para esta normativa destaca la creación de un distrito único de prácticas «que velará por que ningún estudiante universitario ni de FP se quede sin plaza». Y es que actualmente, en ocasiones, alumnos se quedan sin vacantes y algunas prácticas no se cubren.
Para ello crearán una comisión de coordinación en la que intervendrán todos los agentes interesados, y una aplicación informática unificada.
Otra de las novedades será la unificación de todas las enseñanzas superiores: las universidades y la investigación científica, la FP superior, las enseñanzas superiores artísticas, las deportivas, y las escuelas de negocios. Según han destacado se trata de algo pionero y «este reconocimiento legal tenderá puentes entre la formación y el empleo, y fomentará el aprendizaje continuo y el reciclaje profesional».
Asimismo, han destacado que la LESUC protegerá las Humanidades y fomentará la lengua española en la vida universitaria, con medidas como la rebaja de tasas a los estudiantes hispanoamericanos para que paguen lo mismo que cualquier joven español o de la UE. Además, se exigirá un mínimo de español homologado para estudiar en universidades públicas y privadas, excepto en los títulos que se impartan en origen en otro idioma.
Modelo de financiación
Tal y como avanzó la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso en septiembre de 2023, en cuanto al nuevo sistema de financiación para las universidades públicas, que será plurianual y revisable cada cinco años, incluirá tres niveles: una básica para el normal funcionamiento de los campus; otra para necesidades singulares que permitirá, por ejemplo, la rehabilitación de edificios; y una tercera adicional y opcional por la consecución de distintos objetivos, como potenciar la formación dual en títulos de grado y máster o fomentar pruebas de admisión que aumenten la exigencia en el acceso a grados como educación Infantil y Primaria, entre otros.
Para completar esto, proporcionarán a los centros nuevas herramientas de financiación como la gestión de sus propias carteras de inversión, el préstamo interuniversitario de sus remanentes en unas condiciones preferentes, la gestión de sus propios inmuebles, la activación de una central de compras que permita abaratar costes o el desarrollo de servicios comunes de gestión administrativa.
Profesores
Otras de las novedades serán el reconocimiento de las acreditaciones de profesores de toda España, siguiendo el modelo de la Ley de Mercado Abierto; la posibilidad de que las universidades reconozcan créditos por actividades de voluntariado; el acceso de alumnos y profesores de FP superior a convocatorias propias de investigación por primera vez en España; el impulso de la colaboración público privada en el ámbito universitario; el reconocimiento de las escuelas de negocio, dotándolas de rango universitario y de un marco legal; o la obligación de que las universidades informen a las familias si los másteres que ofertan son oficiales o no para evitar confusiones.
En la Comunidad de Madrid el sistema universitario está formado por seis centros públicos y 13 privados que ofrecen más de 1.800 títulos oficiales de grado, máster y doctorado a más de 300.000 estudiantes (más de 200.000 en los centros públicos y el resto en las universidades privadas).
La región concentra el 22,4% de los estudiantes universitarios de toda España, frente a otras regiones como Cataluña (15,9%) o Andalucía (17,3%). Más de la mitad de los alumnos en la región cursan en la pública.
