El Grupo Municipal Más Madrid Boadilla presentará de nuevo una moción en el próximo Pleno ordinario de febrero.
La propuesta incluye tres ejes fundamentales: la aprobación de una prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler de vivienda habitual, la declaración de Boadilla del Monte como zona residencial de mercado tensionado (lo solicitó sin éxito en 2023) y la implementación de limitaciones a las compras especulativas de vivienda.
La iniciativa surge como respuesta a la evolución de los precios en la localidad, donde el alquiler se ha encarecido un 33% en los últimos cinco años, una cifra prácticamente idéntica a la media nacional del 34%. Según la formación, esta escalada sumada a la próxima finalización de contratos firmados durante la pandemia, sitúa a muchas familias en una posición de vulnerabilidad.
El partido destaca que el acceso a la vivienda se ha consolidado como un factor determinante de la desigualdad. Los datos del informe FOESSA, de Cáritas, citados en la moción revelan que el 45% de los inquilinos se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. Asimismo, se señala una brecha económica significativa: la renta media de los propietarios es un 82% superior a la de quienes viven de alquiler.
Ante la «negativa del Gobierno de la Comunidad de Madrid» a aplicar las herramientas de la Ley de Vivienda para declarar zonas tensionadas, Más Madrid solicita que el Gobierno de España intervenga mediante una prórroga extraordinaria de los arrendamientos. Esta medida busca emular la protección ofrecida entre 2020 y 2023 para evitar desplazamientos forzosos de familias de sus barrios.
Freno a la especulación
Otro de los puntos clave de la moción es la limitación de la compra de inmuebles con fines puramente especulativos en las zonas que se consideren tensionadas. El objetivo es garantizar que la vivienda cumpla su «función social» como residencia habitual, en cumplimiento del artículo 47 de la Constitución Española.
Marian Graña, concejala de Más Madrid – Verdes Equo en el Ayuntamiento de Boadilla, ha subrayado que muchas familias destinan una parte «desproporcionada» de sus ingresos al pago de la renta. «Es imprescindible que las administraciones actúen para garantizar un derecho básico», ha manifestado la edil. Con esta propuesta, la formación busca una actuación «urgente y coordinada» para contener los precios y asegurar el bienestar de los vecinos.
