Según datos del Informe trimestral sobre violencia de género hecho público hoy por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.
Durante los meses de julio, agosto y septiembre hubo 7.387 víctimas de violencia de género en la región, un 9,2 % más que un año antes durante el que se contabilizaron 6.767. El porcentaje de las que tienen nacionalidad española se mantiene constante, con leves variaciones, desde hace años. Entre julio y septiembre, una de cada dos víctimas (55 por ciento).
En ese trimestre se registraron un total de 7.821 denuncias, un incremento del 12,3 % respecto al mismo periodo del 2021; siete de cada diez (el 70,78 por ciento) las presentaron las propias víctimas; por su entorno, 101, con un levísimo aumento interanual, y por terceros 259, un nivel muy similar, con el 3,31 por ciento.
El aumento en el número se refleja también en la tasa de mujeres víctimas por cada 10.000 mujeres registrada en toda España, que ha pasado de 18,2 en el tercer trimestre de 2021 a 19,8 de este año (1,6 puntos más).
Por encima de la media nacional se situaron Baleares (35,2), Murcia (25,8), Comunidad Valenciana (25,4), Andalucía (23,8), Canarias (23,1) y Madrid (21). Por debajo, Navarra (19,6), Cantabria (18,4), Aragón (17,8), Castilla-La Mancha (16,2), Cataluña (15,7), Extremadura (15,4), La Rioja (14,3), País Vasco (14), Galicia (13,3), Castilla y León (13) y Asturias (12,5).
Partes de lesiones y atestado policial
De las 7.821 denuncias por violencia machista registradas durante el tercer trimestre de 2022, 5.536 (el 70,78 % del total) las presentaron las propias víctimas directamente en el juzgado o ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.
Tanto las derivadas de partes de lesiones recibidos en el juzgado como las de una intervención policial directa aumentaron con respecto al año anterior: las primeras, que fueron 613, representaron el 7,83 % del total. Las segundas, 1.302, el 16,64 %. En el trimestre analizado se ha cumplido algo más de un año de la aplicación del llamado “Protocolo cero” del Ministerio del Interior, que prevé la elaboración de atestado policial y valoración del riesgo de la víctima también en los casos en los que ésta no quiera formular denuncia contra su agresor.
El informe trimestral recoge también que los juzgados de violencia sobre la mujer y los de en funciones de guardia de la región madrileña adoptaron un total de 647 órdenes de protección, un 11,7 por ciento menos que el año anterior, cuando fueron 733; ocho de cada diez sentencias (80,5 %), de total de 298 dictadas, fueron condenatorias.
Asimismo, desciende el número de víctimas que no declaran contra su agresor; 710, lo que equivale a algo más de nueve de cada cien mujeres víctimas (9,6). Este dato supone un descenso del 1,3 % respecto al mismo trimestre de 2021.
Órdenes de protección
Entre los meses de julio y septiembre, se incoaron por los órganos judiciales madrileños un total de 1.536 órdenes de protección. De ellas, 1.402 fueron solicitadas ante los de violencia sobre la mujer y 134 ante los de guardia.
Durante el tercer trimestre de 2022 se acordaron en total (por los juzgados de violencia sobre la mujer y por los de guardia) casi una de cada dos (43,42 %) solicitadas.
Casi en la mitad de los casos (51,34 %), la relación de pareja (cónyuge o relación afectiva) se mantenía en el momento de la solicitud de la orden de protección. Este dato apenas ha sufrido variaciones respecto al mismo trimestre de 2021, en el que esa situación se dio también en la mitad de los casos.
Medidas judiciales penales y civiles
Los juzgados de la región acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y otras medidas cautelares, un total de 1.371 penales (mujeres y menores). Las más frecuentes fueron las órdenes de alejamiento (613), que representaron el 44.71 % del total y la prohibición de comunicación (567), un 41,35 por ciento.
Las medidas civiles dictadas por los órganos judiciales, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal, sumaron un total de 559. Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (154), que representaron el 27,54 % del total y las de atribución de la vivienda (158), el 28,26 % del total.
La medida consistente en la suspensión del régimen de visitas fue la que experimentó un mayor incremento interanual en un trimestre en el que la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia ha cumplido más de un año desde su entrada en vigor. De julio a septiembre de 2022, los órganos judiciales acordaron 127 medidas de este tipo, un 25,74 % más que hace un año.
Sentencias
En el tercer trimestre de 2022, el porcentaje de sentencias condenatorias dictadas por los órganos judiciales de Madrid (juzgados de violencia sobre la mujer, juzgados de lo penal y audiencias provinciales) en procesos de violencia de género se situó en el 80,5 por ciento.
El número total dictadas durante el trimestre analizado fue de 298, de las cuales 240 fueron condenatorias y 58 (el 19,5 %), absolutorias.
La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Doméstica y de Género del CGPJ, Ángeles Carmona, ha vuelto hacer un «nuevo llamamiento a toda la sociedad para que tomemos conciencia de la gravedad de una lacra que, a día de hoy, ha acabado con la vida de 40 mujeres».
Las cifras son “inasumibles”, ha recalcado, pese a que ha reconocido que «ese aumento pueda atribuirse en parte a que las mujeres cada vez acuden en mayor número a buscar ayuda, confían más en las instituciones y denuncian su situación, circunstancias que deben valorarse de forma positiva».
Carmona ha asegurado además «que la lucha contra la violencia de género sigue desarrollándose día a día y mejorando en todos los niveles (asistencial, policial, judicial, legislativo, sanitario, etc.) y confía en que todas las instituciones y organizaciones implicadas en esta tarea se mantengan unidas en la consecución de un objetivo que es común: la erradicación de la violencia machista de nuestra sociedad para que no haya ni una sola víctima más».
En lo que se refiere al trabajo de los órganos judiciales, ha insistido en que «demuestra la profesionalidad, preparación y entrega de los miembros de la carrera Judicial, que durante el tercer trimestre del año acordaron 8.332 órdenes de protección, y dictaron 12.588 sentencias (un 6,2 % más que un año antes) como resultado del enjuiciamiento de 12.748 personas (12.650 hombres y 98 mujeres)».
Finalmente, ha advertido que «que todo este trabajo no es suficiente si no viene acompañado por la concienciación e implicación de todos los ciudadanos».
