La Confederación Empresarial de Madrid (CEIM-CEOE) ha reclamado este martes la convocatoria urgente de elecciones generales en España.
El presidente de la patronal madrileña, Miguel Garrido, ha justificado esta petición al considerar que el actual Gobierno central «está agotado» y que la coyuntura económica e institucional del país ha alcanzado una «situación insostenible».
Durante la clausura de la Asamblea General de la entidad, ha afirmado que el Ejecutivo «no da para más en lo económico, en lo institucional ni en lo moral». Ante este escenario, el líder de los empresarios madrileños ha señalado que la organización ha decidido dar «un paso al frente» para solicitar una salida democrática que devuelva la estabilidad institucional y la confianza en el sector empresarial como motor de progreso.
Para revertir la situación actual, CEIM ha presentado un paquete de seis propuestas orientadas a mejorar la competitividad y el crecimiento de la economía española. En el bloque de medidas laborales, la confederación exige una rebaja inmediata de las cotizaciones sociales y reformas estructurales para combatir el absentismo laboral, el cual, según ha denunciado Garrido, se encuentra en un «récord histórico». El presidente ha subrayado que el objetivo de las compañías es subir salarios y mejorar las condiciones de los trabajadores, pero ha advertido de que «para eso las empresas tienen que ser rentables», dentro de un contexto de subida de los gastos que sufren el conjunto de sociedades y autónomos.
Asimismo, la patronal ha mostrado su preocupación por el desajuste existente entre el talento disponible y las vacantes sin cubrir. Para solucionarlo, demandan una Formación Profesional adaptada a la realidad del tejido empresarial y una política migratoria «ordenada y responsable» que permanezca vinculada directamente al empleo y a la formación.
En el ámbito fiscal, CEIM defiende la autonomía de las comunidades, la simplificación del sistema tributario, la reducción de impuestos y la eliminación de cargas burocráticas, además de exigir una racionalización del gasto público debido a que la deuda del Estado supera el cien por cien del Producto Interior Bruto.
