Así lo ha manifestado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, tras presidir la reunión extraordinaria del Observatorio Regional de la Violencia de Género.
La Comunidad de Madrid ha alertado hoy de la detección de 40 «posibles casos» de fallos en los dispositivos de seguimiento telemático para víctimas de violencia contra la mujer, conocidos como pulseras antimaltrato. De ellos, seis en las Oficinas de Asistencia a Víctimas de Delitos, dependientes de la consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local; 31 a través de la Agencia de Seguridad y Emergencia ASEM 112; y otros tres, que se han comunicado al 012 Mujer.
Por su parte, la consejera Ana Dávila, también presente en la reunión, ha explicado que desde la pasada semana su departamento ha recibido quejas de usuarias en el 40% de los servicios municipales de atención. En al menos dos de estos últimos, el de Boadilla del Monte y el de Villaviciosa de Odón, no tienen constancia de fallos; en el primero porque no hay agresores con pulseras antimaltrato a víctimas de violencia de género, tal y como contó Boadilladigital en esta noticia, y en el segundo porque no les constan que se hayan producido estas incidencias en los dispositivos.
Desde el Ejecutivo autonómico han acordado un documento para instar al Ministerio de Igualdad a dar explicaciones claras y oficiales sobre lo ocurrido, así como a impulsar una auditoría independiente que determine con precisión el alcance de los errores. Además, solicitan información concreta sobre los motivos por los que algunas víctimas han pedido la retirada de estos dispositivos, así como de los requerimientos, comunicaciones o alertas cursadas desde las Comisiones Provinciales de Violencia de Género y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) respecto a fallos o incidencias de los mismos, y la respuesta que se ha ofrecido.
La Comunidad de Madrid también reclama al Ejecutivo central que adopte de forma inmediata las medidas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de estos recursos, reforzando los protocolos de control técnico y seguimiento. Y ofrece su plena colaboración para mejorar los mecanismos de protección, velando porque las víctimas puedan confiar plenamente en el sistema.
