Así lo han confirmado a Boadilladigital desde el Punto Municipal del Observatorio Regional de la violencia de género (PMORVG) de Boadilla del Monte.
«A día de hoy no hay en el Punto Municipal del Observatorio Regional de la violencia de género ninguna mujer cuyo agresor tenga pulsera antimaltrato», han explicado.
El PMORVG atendió a 155 mujeres víctimas desde el 1 de enero de 2024 hasta el pasado 11 de noviembre (últimos datos oficiales), frente a las 176 de 2023. De esa cifra 56 expedientes eran nuevos. En ese último día había un total de 25 mujeres que contaban con órdenes de protección activas, tal y como contó este periódico en esta noticia.
En cuanto a cifras policiales, según los datos de la memoria de la Policía Local de Boadilla del Monte de 2024 presentada el pasado febrero, en el municipio descendió el número de casos de mujeres víctimas de violencia de género por parte de la Unidad de Protección, que actúa en colaboración con la Guardia Civil. Tramitó 71 (73 en 2023), de las cuales 16 tienen orden de protección en vigor (mismo número que hace dos años).
Fallos de dispositivos
En España, la situación de los dispositivos de seguimiento telemático para maltratadores, comúnmente conocidos como ‘pulseras antimaltrato’, está siendo objeto de un debate y preocupación significativos en la actualidad. Estos aparatos, que forman parte del sistema VioGén del Ministerio del Interior, buscan garantizar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento para proteger a las víctimas de violencia de género.
Se han hecho públicos fallos y deficiencias detectadas en ellos entre 2023 y 2025 (pérdida de acceso al historial de ubicación de los agresores, problemas de batería y dispositivos que pueden ser desactivados o rotos). Esto ha llevado a que, en algunos casos, los dispositivos no alerten de la cercanía del agresor, lo que pone en riesgo a las víctimas.
Además, una de las principales causas de la polémica es el cambio en la empresa gestora del servicio en marzo de 2024. La gestión, que estaba en manos de una UTE liderada por Telefónica, pasó a una nueva adjudicación con una UTE formada por Vodafone y Securitas. Se han reportado graves fallos en la migración de datos de un sistema a otro, lo que ha generado vacíos de información durante meses.
Fiscalía y Gobierno
La Fiscalía General del Estado ha advertido en su memoria anual de 2024 que estos fallos técnicos han provocado absoluciones o sobreseimientos de casos de quebrantamiento de órdenes de alejamiento, al no poder contar con pruebas telemáticas fiables. Esta institución, así como el Consejo General de la Abogacía Española han expresado su profunda preocupación por la situación. Han recordado que ya habían alertado sobre estos problemas a principios de 2025 y han instado al Gobierno a corregir las deficiencias de forma urgente.
Por su parte, desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez insisten en que el sistema funciona con «absoluta seguridad» y que las incidencias son mínimas y han sido resueltas. Han matizado que los fallos afectaron a la descarga de datos del pasado, pero no al funcionamiento actual de los dispositivos.
Por su parte, extrabajadores del sistema han confirmado la existencia de los problemas, mencionando la fragilidad de los dispositivos y las llamadas de pánico de las víctimas.
ARC
