En el Pleno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte que tuvo lugar el pasado viernes, con los votos a favor del PP, la abtención de VOX y el rechazo de PSOE y Más Madrid.
El Partido Popular sacó adelante su propuesta en defensa de una vivienda a precio asequible en la sesión plenaria ordinaria del Consistorio. ¿Y esto en qué se traduce? Como explicó la edil de Urbanismo, Vivienda y Mantenimiento y Limpieza de edificios, María Baldasano Valdés (PP), en «instar al Gobierno de España a retirar el índice de precios, solicitar al Gobierno estudios independientes, instarle a iniciar un proceso de diálogo con las comunidades autónomas y dar traslado de estos acuerdos a las autoridades pertinentes”.
La concejala reconoció que “estamos ante un problema de falta de vivienda, tanto para alquiler, como para compra. Lo dice el Banco de España, dijo”, un organismo que apunta a la necesidad de construir 600.000 para resolver el problema de acceso.
Indicó que una de las consecuencias directas de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, aprobada por el Gobierno de España, es «la reducción de la oferta”. En su opinión, al Ejecutivo de Pedro Sánchez “no le corresponde legislar en esta materia” y ha «ignorado a los agentes del sector”.
También manifestó que “las medidas de esta nueva ley no han funcionado”, y enumeró algunos ejemplos de normas que han limitado los precios sin lograr el efecto: Cataluña, San Francisco, Berlín. Y recalcó el miedo de los propietarios ante la okupación, lo que, según la edil, hace que exijan más requisitos a los inquilinos y «perjudica a las rentas más bajas».
Baldasano subrayó que «la Comunidad de Madrid, es quien tiene competencia, ha tenido en cuenta a los principales agentes» y establece un plan de choque que «en vez de limitar, propone impulsar”. Enumeró 10 medidas autonómicas “en marcha» y están «empezando a ver resultados”: pacto regional por la vivienda “para dar seguridad jurídica”, bonificaciones fiscales asociadas a compra y alquiler, Plan mi primera vivienda, Plan alquila plus que ayuda a gastos complementarios del alquiler, acceso a cooperativas a préstamo a través de Aval Madrid, ayuda a pequeños municipios a través del PIR, flexibilización en la ley con cambio de uso para hacer viviendas a precio asequible; se reducen plazos, simultaneidad de trámites, aumentan parcelas para vivienda pública, actualización de precios públicos “para desatascar la promoción privada de vivienda y así promover la oferta”.
Finalmente apuntó que «en Boadilla del Monte, entre unas medidas y otras, tenemos en marcha más de 1.200 viviendas; del Plan Vive,de las de la Empresa Municipal del Suelo y la Viviena.
Esta propuesta se presentó en el contexto del rechazo del alcalde Javier Úbeda (PP) a incorporarse a una comisión para limitar precios en las viviendas, algo que le solicitó por carta la regidora de Alcorcón, Candelaria Testa (PSOE).
María Graña (Más Madrid)
La concejala reconoció que están de acuerdo en una moción para defender la vivienda asequible, «pero parece que seguiremos en un rifi rafe», según afirmó, ya que no comparten las críticas a la normativa aprobada el pasado año. “Como si el problema se hubiera generado a partir de la nueva ley de vivienda, no es así. La Comunidad de Madrid, con el Gobierno del PP, que lleva años gestionándola, es la que tiene la competencia; ¿qué han hecho en todos estos años? Simple y claro, dejar que el mercado funcione a su libre albedrío; libertad pero sin ninguna regulación, dijo”.
Graña criticó el Plan Vive anunciado en 2019 y cuyas primeras viviendas se han entregado en 2024. “Lo presentan como perfecto, pero tienen filtraciones, goteras, en algunos bloques fallos en conexiones eléctricas, etc». Confía en que las 524 que han comenzado en Boadilla del Monte estén perfectas.
La edil denunció que “no es normal que algunas de las viviendas ofertadas en Boadilla del Monte en la actualidad se encuentren más de un 40 por ciento por encima del Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda, establecido en la norma. Puso algunos ejemplos de esto: inmueble en Infante Don Luis en alquiler, precio 1.600 euros al mes, y según el sistema de la normativa estatal, debería estar entre 1.032 y 1.177 euros, entre un 55 por ciento y 41 por ciento más alto.
Finalmente dijo: “no hay una sola receta, hay que atajar el problema con medidas a corto, medio y largo plazo, y desde luego poner en el mercado vivienda pública asequible es una de las soluciones, y regular a corto plazo el precio del alquiler, también”.
Alfonso Castillo (PSOE)
El concejal socialista enumeró ejemplos de cómo afectaría la aplicación de la ley en Boadilla del Monte. Alquiler en calle Calvo Sotelo 5, precio en portales inmobiliarios 1.300 euros están pagando, frente a 800 con la norma; Sector S, 139 metros cuadrados, 1.900 euros con garaje, frente a 1.260 euros; calle Infante Don Luis, 2.200 euros ahora, 1.800 con la norma; calle Reyes Católicos en Valenoso, 150 metros, cuatro habitaciones, precio actual 2.500 euros, frente a 2.100 euros.
Castillo rectificó a la concejala del PP y señaló que el presidente del Gobierno sí se ha reunido varias ocasiones con representantes del sector, la última en abril.
Finalmente afirmó: “en Boadilla del Monte hace falta un parque público de vivienda en alquiler asequible. Lo llevamos reclamando la legislatura pasada y esta”.
Juan Pineda (VOX)
El edil inició su intervención en defensa de la concejala del PP, recordando a Castillo que «no es responsable de los precios de la vivienda en Boadilla”.
Asimismo, se mostró muy crítico con los populares, que no aprobaron la enmienda de VOX a la moción del PP, que en opinión de Pineda «se quedaba cortita, por una muy simple, que no es otra «acorde con la exposición de motivos de Balsano: «simplemente, pedir al Gobierno que derogue la Ley 12/2023.” A esta norma la calificó de “chapuza”, una “ley intervencionista de este Gobierno comunista que está consiguiendo, como siempre, todo lo que se supone que pretendía”.
VOX presentó una enmienda a la moción del PP para instar a Sánchez a derogar directamente la ley de vivienda, pero fue rechazada por los populares.
Criticó la falta de vivienda pública anunciada por el presidente del Gobierno. “Ni rastro de los millones de viviendas de protección que prometía el señor del Falcon”. Se mostró de acuerdo con Graña en que «el problema de los precios no viene de ahora, pero lo que hace esta ley es empeorarlo”.
Acusó a los partidos de izquierda de «incoherencia» por sus continuas subidas de impuestos y a la vez pedir que la vivienda sea barata y asquible. «A ver si son conscientes de lo que implica estar gravando absolutamente todo, que la vivienda en esta país es cara, porque deben hacer frente a todo este tipo de impuestos”.
Francisco Javier González Menéndez (PP)
El concejal del PP afirmó en el turno de réplica que «se trata de una ley sectaria, porque el sectarismo y la ideología les puede, pero al final es un problema de oferta y demanda.”
Apuntó también al problema de la okupación, algo que “retrae vivienda del mercado”, y recordó las promesas de viviendas incumplidas, por parte de Sánchez o Manuela Carmena, en Madrid.
ARC
