Candelaria Testa (PSOE) envió al regidor boadillense, Javier Úbeda (PP) una carta con esa petición que incluye crear una comisión de alcaldes para impulsar norma que regule zonas de mercado residencial tensionado.
A finales de abril la alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, envió una carta a Úbeda en la que le invitó a unirse a una comisión integrada por regidores de otros municipios de la Comunidad de Madrid para presentar una proposición de ley reguladora del procedimiento para la regulación de zonas de mercado residencial tensionado (ZMRT) (limitando el incremento de precios) ante la Mesa de la Asamblea de Madrid.
Según la misiva, Alcorcón y otras localidades de la región cumplen con los requisitos para ser declaradas tensionadas conforme a la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. El Pleno de ese Consistorio solicitó al Gobierno de la Comunidad de Madrid el desarrollo de ese proyecto normativo para declarar zonas de mercado residencial tensionado «y, en ausencia de ello», encomendó a Testa que promoviera la mencionada comisión.
Javier Úbeda ha rechazado la propuesta porque, en su opinión, la ley aprobada en 2023 sobre la vivienda «se aprobó de espaldas a todos los agentes implicados en el sector inmobiliario y ha conseguido el efecto contrario al deseado».
Le recuerda que el Pleno del Ayuntamiento boadillense rechazó el pasado mes de noviembre una moción en ese mismo sentido, presentada por los grupos PSOE y Más Madrid.
También le indicó que tres organismos se pronunciaron en contra de la norma; el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) señaló la incisiva vigilancia que la Ley ofrece a la Administración respecto al uso de la vivienda por parte de los propietarios, considerándolo «de problemático encaje en el orden constitucional de competencias». El Instituto de Estudios Económicos indicó que «el control del alquiler no solo es ineficiente para lograr mejorar el acceso al mercado del alquiler, sino que es, además, contraproducente, en la medida en que empeora la oferta en cantidad y calidad, con el consiguiente perjuicio a los colectivos de menor renta». Por su parte, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada pronosticó que «la medida tendería, inevitablemente, a agravar los problemas de oferta, ahondaría en la inseguridad jurídica que ya sufren los propietarios y precipitaría el desincentivo a la inversión».
Recursos y alternativas
Úbeda señala también que seis de los ocho recursos de inconstitucionalidad presentados, han sido admitidos a trámite y cuestionan, entre otros aspectos, los criterios de identificación de las zonas tensionadas. Y argumenta que Boadilla del Monte no se unirá a una normativa que «maltrata al propietario, desincentiva la inversión, protege al okupa, castiga el ahorro y dificulta el acceso a un hogar a todos aquellos que carecen de él».
El alcalde boadillense propone Testa alternativas para facilitar el acceso a la vivienda en el municipio alcorconero en el desarrollo de todo el suelo residencial de la ciudad, como Alcorcón Norte o Retamar de la Huerta (paralizado desde hace varios años). «Poner en marcha estos ámbitos urbanísticos, no solo sería de gran ayuda para que el Ayuntamiento afrontara todas las deudas que ahora mismo tiene, entre otros motivos, por la quiebra de la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (EMGIASA), sino que incrementaría la oferta del mercado residencial, haciendo más competitivos los precios». Además, según Úbeda, llegarían más servicios a toda su área de influencia, como el Cercanías.
También le propone que ceda más suelo a la Comunidad de Madrid para que esta siga construyendo vivienda, como está haciendo a través del Plan Vive, con alquileres asequibles, o destinar a estos también parte de sus suelos comerciales, una vez que el Gobierno regional ha iniciado los trámites normativos para convertir las oficinas en arrendamientos a precios moderados.
En Boadilla del Monte los precios de la vivienda en venta y en alquiler se incrementaron en el último año un 3,2 por ciento y un 2%, respectivamente, y en la Comunidad de Madrid es uno de los municipios donde es más caro adquirir o arrendar un inmueble.
ARC
