Una sentencia ejecutiva firme del pasado mes de abril reconoce el derecho de esta sociedad a la que el Consistorio otorgó una concesión administrativa hasta 2053 y el desequilibrio financiero que sufrió desde que construyó el polideportivo municipal Rey Felipe VI.
Más Madrid Boadilla acusa de «negligencia» al equipo de Gobierno del PP.
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte podría tener que compensar con unos ocho millones de euros a Republic Space (RS), según el centro deportivo. Esto se produce tras el fallo judicial de ejecución del pasado 10 de abril, adelantado el lunes por La Razón, correspondiente a una sentencia de lo Contencioso Administrativo de 2018, que el Consistorio no recurrió, y la demandante solicitó en 2019 la ejecución.
El juzgado reconoce que la empresa sufrió un desequilibrio económico desde 2015 cuando abrió sus puertas el Rey Felipe VI con precios más bajos de los del mercado y no asumibles por la demandante. Y resuelve que RS «cobrará a los usuarios» del centro «las mismas tarifas que tenga fijadas el Ayuntamiento de Boadilla para las mismas actividades en las instalaciones municipales». Además, la administración local le retribuirá la diferencia desde entonces y hasta que concluya la concesión en 2053.
Ahora está por ver a qué actividades se refiere ese desequilibrio financiero porque no hay acuerdo; el Ayto. apunta a que sólo afecta a las pistas de pádel descubiertas, mientras que RS señala a un total de ocho y se amparan en que el auto dice que «procede desestimar la pretensión de que se reduzca el reequilibrio económico únicamente a las pistas de pádel y a la sala de fitness».
El Ayto. ha apelado la ejecución de la sentencia, pero esto no paralizará su aplicación.
«Negligencia»
Ante esta situación Más Madrid-Verdes Equo Boadilla denuncia «la grave negligencia del Ayuntamiento» gobernado por el Partido Popular, en la gestión de la concesión administrativa titular del centro deportivo RS, que «ha concluido con una condena millonaria y que compromete la viabilidad del presupuesto municipal», han valorado en una nota.
En opinión de esta formación, pese a que la concesionaria propuso resolver el contrato mediante la devolución de una fianza de 72.000 euros, «el Ayuntamiento rechazó la oferta, obligando a la empresa a recurrir a los tribunales». La sentencia de 2018 reconoció el derecho de RS a un reequilibrio financiero, «pero el Ayuntamiento no apeló ni contempló esta contingencia en los presupuestos municipales, dejando que la decisión se volviera firme».
Asimismo apuntan a que «en lugar de buscar soluciones, el equipo de Gobierno ha intensicado en los últimos meses inspecciones y cierres parciales en las instalaciones de Republic Space, lo que parece más una estrategia de hostigamiento que una gestión responsable».
La edil Marian Graña cree que «esta condena podría haberse evitado con una negociación responsable en 2015» y exige respuestas a estas preguntas: «¿por qué no se recurrió la sentencia de 2018? ¿Por qué no se previó en los presupuestos una partida para cubrir esta contingencia? ¿Qué coste total ha tenido este proceso judicial para los vecinos?».
Además, pide que los vecinos «conozcan cuántos millones de euros va a suponer el reequilibrio de la concesión» y «responsabilidades inmediatas».
