A este partido judicial pertenecen localidades como Boadilla del Monte, contará con una inversión de más de 47 millones de euros y el inicio de los trabajos se ha retrasado, ya que estaban previstos en el segundo semestre de 2023.
El Consejo de Gobierno aprobó el pasado martes una inversión de 47.147.300 euros para la edificación de este complejo que se ubicará en el número 44 de la calle Nueva York, en Móstoles. El edificio de este partido judicial dará servicio a más de 300.000 vecinos de este municipio y de Villaviciosa de Odón, Boadilla del Monte, Brunete, Quijorna y Villanueva de la Cañada, así como a miles de personas de toda España con expedientes judiciales relacionados con el Banco Santander, cuya sede se encuentra en la localidad boadillense.
Ese presupuesto está destinado para la construcción y la licitación de la contratación de las obras, cuyo plazo de ejecución previsto es de 32 meses a partir del 1 de junio de 2024, o desde el día siguiente a la fecha de la firma del acta de comprobación del replanteo, según ha anunciado este martes el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que no detalla cuándo comenzarán los trabajos.
El proyecto supondrá la unificación de las cinco sedes existentes repartidas por el municipio. Estas albergan 25 juzgados: nueve de Primera Instancia, seis de Instrucción, seis de lo Penal, tres de lo Social y uno de Violencia sobre la mujer.
El nuevo inmueble, cuyo inicio de las obras debía haber comenzado en el segundo semestre de 2023, tal y como anunció el Gobierno regional a comienzos del pasado año, contará con una superficie construida de 35.358 metros cuadrados, se ubicarán los juzgados actuales y un espacio de reserva para siete más por si en un futuro se necesitara realizar una ampliación.
Dispondrá de una sala de macrocausas, otra multiusos, dos de vistas con jurado popular, cámara Gesell, para tomar declaración a menores y personas vulnerables, y un servicio de guardería, entre otras estancias para profesionales y ciudadanos.
El objetivo, según dijeron es «acabar totalmente con la dispersión de edificios en este partido judicial» que tiene una alta carga de trabajo y cuyos funcionarios están desbordados, sobre todo por la cantidad de demandas relacionadas con el Banco Santander, algo «prácticamente inasumible», según el informe que emitió el pasado año el juez Decano en funciones, Francisco José López Ortega.
