Así lo denuncian desde el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que apunta a más de 4.700 procedimientos suspendidos en la Comunidad de Madrid en un mes con motivo de la huelga.
Según el ICAM, el Ministerio de Justicia ha denegado un tercio de los refuerzos reclamados y «llevará al colapso de los juzgados en Madrid». De esta forma, el impacto que está ocasionando la huelga de magistrados y jueces en la región, y que dura ya más de un mes, acumula un total de 4.702 procedimientos suspendidos, lo que representa de media casi el 20 por ciento de los señalados.
En el conjunto de los órganos judiciales regionales desde el 22 de mayo al 23 de junio estaban designados un total de 24.278 procedimientos; tuvieron lugar 19.576 (80,63 %) y se suspendieron 4.702 (19,37 %).
Según los datos diarios, sólo en los juzgados de Móstoles (partido judicial a los que pertenecen Boadilla del Monte, Brunete, Mostoles, Quijorna, Villanueva de la Cañada), de los 51 que se deberían haber llevado a cabo, lo han hecho 41. Esto supone que el 19,61% no se han efectuado. En el acumulado desde el 22 de mayo al 23 de junio en el partido mostoleño, se han señalado un total 1.117 y se han celebrado 765 (68,49 %), con 352 suspensiones (31,51 %).
Estas cifras muestran el empeoramiento de este partido judicial, cuya situación era ya de colapso a comienzos de 2022, tal y como denunciaron funcionarios a Boadilladigital. La causa principal, el volumen de expedientes abiertos en toda España relacionados con el Banco Santander y el extinto Banco Popular.
Sin refuerzos
La suspensión de señalamientos está motivada por la decisión del Ministerio de Justicia de denegar uno de cada tres refuerzos que habían solicitado los juzgados madrileños.
Así, la Dirección General para el Servicio Público de Justicia del Departamento de la ministra Pilar Llop, procedió a rechazar “por razones de disponibilidad presupuestaria”, ocho de las 28 solicitudes referidas a sedes judiciales madrileñas del conjunto de peticiones cursadas el pasado mes de abril del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para la aprobación de diversas medidas de apoyo y cuya decisión fue comunicada a los órganos judiciales el pasado día 16 de junio.
Eugenio Ribón, decano de la abogacía madrileña, destaca que la desaparición de estos refuerzos «conduce a una situación de auténtico colapso en la Audiencia Provincial, especialmente en Familia y Condiciones Generales de la Contratación», ya que «tras la acumulación de procedimientos por la pandemia, y meses de parálisis a causa de los conflictos laborales en cadena, esta decisión es un desastre”.
Las denegaciones acordadas también están produciendo consecuencias en sedes judiciales en las que se tramitan un gran volumen de expedientes, como las Secciones 19, 21, 28 bis.
Ante ello, Ribón denuncia que «no solo no se han asignado estos refuerzos que venimos reclamando para recuperar la normalidad en la Administración de Justicia, sino que, al contrario, se suprimen. La irresponsabilidad no puede ser mayor”, denuncia Ribón.
Familia y violencia a mujer
Esta situación afecta también al los procedimientos de Familia, los Juzgados de lo Penal número 34 y 36 de Madrid, especializados en materia de Violencia sobre la Mujer, o para la sección 22ª de la Audiencia Provincial de Madrid, centrada en asuntos relativos al derecho de Familia y a las medidas de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
Desde el ICAM explican que de los cinco magistrados titulares en la sección 22ª, hay tres que están de baja, otros dos sin relevación de funciones con un límite de 12 ponencias mensuales cada uno, y una magistrada a tiempo completo en comisión de servicios con relevación de funciones.
Asimismo, ha puntualizado que sólo durante el mes de julio, “tenía señalados 28 votaciones y fallos (asuntos que quedan sin resolver) y diez audiencias a discapaces y menores», lo que «implica 38 familias afectadas”.
Dicha Sección «ya tenía 1.115 asuntos pendientes a fecha de 31 de marzo, a los que hay que añadir los 280 asuntos que hubiese resuelto el refuerzo que han suprimido”.
Desde el ICAM, resaltan que a todo ello, hay que incluir el deterioro del Estado de Derecho, patente con la reciente condena a España por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por el bloqueo del Poder Judicial, acordando que se produjo una vulneración del derecho a la tutela judicial de seis aspirantes al órgano de gobierno de los jueces.
Por último, piden «altura de miras para lograr un Pacto de Estado que asegure su funcionamiento y devuelva la confianza de los ciudadanos en sus instituciones».
