La Comunidad de Madrid ha aprobado una modificación normativa para impulsar el Plan Vive, el programa regional de alquiler asequible.
El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a un cambio en el Decreto 84/2020, elaborado por la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, con el objetivo de incrementar la oferta de inmuebles y simplificar los trámites de adjudicación para los ciudadanos madrileños.
La principal novedad técnica reside en la ampliación del ámbito de actuación del Ejecutivo autonómico. A partir de ahora, la Comunidad podrá promover viviendas públicas en parcelas que, siendo propiedad de otras administraciones —como los ayuntamientos—, estén adscritas a la región. Esta medida busca desbloquear suelo disponible para facilitar que un mayor número de personas accedan a una solución habitacional de bajo coste, han destacado desde el Ejecutivo.
Transparencia y nuevos umbrales económicos
Para mejorar la transparencia en los procesos de selección, las listas de solicitantes se publicarán de forma permanente en los portales web de las empresas concesionarias, con un enlace directo desde la página institucional de la Comunidad de Madrid. Este sistema permitirá una actualización continua de la información, permitiendo a los interesados conocer su situación en tiempo real.
En cuanto a los requisitos económicos, la reforma flexibiliza el acceso mediante la ampliación de los umbrales de ingresos. Para unidades familiares de dos miembros, el límite se sitúa ahora entre 1,5 y 5,5 veces el IPREM en las viviendas de precio básico (VPPB), y sube hasta las 7,5 veces en las de precio limitado (VPPL). Además, agilizarán la burocracia permitiendo el uso de los datos fiscales más recientes y la presentación de declaraciones responsables en caso de cambios repentinos en la situación económica del solicitante.
Prioridad al arraigo local
El nuevo decreto, publicado este jueves en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, introduce cambios significativos en los criterios de preferencia. A partir de ahora para las nuevas promociones, tendrán prioridad absoluta los ciudadanos que acrediten al menos cinco años de empadronamiento en el municipio donde se ubiquen las viviendas, o que desarrollen allí su actividad laboral (no influye a las ya finalizadas o con obras en ejecución, como las de Boadilla del Monte en cuyo caso son 3 años ). En un segundo escalafón se situarán quienes certifiquen diez años de residencia en cualquier punto de la Comunidad de Madrid.
Finalmente, el texto incorpora mecanismos para que ninguna vivienda quede vacía. Los pisos inicialmente reservados a cupos específicos, como víctimas de violencia contra la mujer o personas asiladas, podrán ser reasignados rápidamente si no se cubren las vacantes. Asimismo, se reducen los plazos de adjudicación generales para dinamizar la entrada de inquilinos en los nuevos desarrollos residenciales
