El Estado asumirá el pasivo regional e incrementará en 1.226 millones el margen presupuestario autonómico para destinar a servicios públicos esenciales como sanidad y educación.
El Pleno del Congreso de los Diputados vota este jueves la propuesta del Gobierno para condonar un total de 8.644 millones de euros de deuda a la Comunidad de Madrid. La medida, que afronta su debate de totalidad en la Cámara Baja, situaría a la región madrileña entre las más beneficiadas en términos absolutos por la quita del pasivo autonómico planteada por el Estado, después de Cataluña.
Esta medida de absorción de deuda pública autonómica permitirá a las arcas de la Comunidad de Madrid lograr un ahorro significativo en el pago de intereses financieros. El objetivo central de esta reestructuración es liberar recursos económicos directos que las administraciones autonómicas puedan destinar al refuerzo y financiación del Estado del bienestar, primordialmente en las áreas clave de Sanidad y Educación.
A nivel estatal, el proyecto normativo contempla que la Administración General asuma una cifra global de 83.252 millones de euros correspondientes al total de las deudas de las comunidades autónomas de régimen común. Esta condonación se aplicará independientemente de que los territorios estén acogidos o no al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Según el Ejecutivo, el cálculo de las cuantías responde a criterios técnicos, objetivos y transparentes aplicados de manera homogénea a todas las regiones.
Margen presupuestario e impacto autonómico
En la misma sesión plenaria, la Cámara Baja someterá a votación el establecimiento de un margen de déficit del 0,1 % para las regiones. En el caso madrileño, este límite presupuestario otorgará a la Comunidad de Madrid una capacidad de gasto adicional de 1.226 millones de euros, flexibilizando el techo presupuestario para la inversión en infraestructuras y cobertura asistencial básica.
En el conjunto nacional, esta flexibilidad permitirá a todas las comunidades de régimen común disponer de 5.849 millones de euros extra dentro de su techo de gasto, configurando el volumen de recursos más elevado fijado hasta la fecha para proteger los servicios públicos autonómicos.
A la espera del resultado de la votación, el debate sobre la condonación de deuda reabre la discusión sobre la financiación autonómica y el reparto de recursos entre territorios. En este contexto, la evolución de las políticas económicas y su impacto en los servicios públicos seguirá siendo clave en la agenda política, y generando conflicto ya que el año pasado un partido político de Boadilla del Monte propuso que el Ayuntamiento rechace la condonación de la deuda de las comunidades autónomas.
