Para llegar a la ratio de 5 por cada 100 mayores de 65, según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
El 58 por ciento del total de plazas en la región son de financiación privada.
Sólo cinco comunidades alcanzan la ratio de 5 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, y sólo Castilla y León alcanza también esta ratio con plazas de financiación pública.
Los principales deficits de plazas residenciales, para alcanzar esa ratio son Andalucía (27.981), C. de Valencia (20.844), Galicia (14.858), Región de Murcia (8.364), Cataluña (8.038), Comunidad de Madrid (7.479), Canarias (7.364) y País Vasco (6.063).
Las diferencias también alcanzan a la proporción entre plazas de financiación pública y las de financiación privada, destacando en este sentido Comunidades como Aragón, Comunidad de Madrid o Asturias, donde existe un mayor número de plazas residenciales de financiación privada que pública.
En Madrid según los últimos datos que corresponden a 2018 hay un total de 51.582, de las que 29.983 son de financiación privada (58%) y 21.599 (42%) pública.
Precios
Existen diferencias en los precios y cuantías que abonan los usuarios en las plazas residenciales de financiación pública, tanto en centros propios como en los concertados, en una horquilla que va desde menos de 7.000 € anuales en Comunidades como Valencia, La Rioja, Andalucía, Madrid o Cataluña, hasta más de 8.000 € en Aragón, Región de Murcia, Navarra o País Vasco; en estas dos últimas Comunidades con cuantías que superan los 10.000 y los 11.000 € respectivamente.
Desde esta asociación recuerdan que la pensión media en España no alcanza los 1.000 € mensuales (1.140 € la de jubilación y 713 la de viudedad). De esta manera, en algunas comunidades autónomas los usuarios abonan más del 40% del precio de las plazas públicas, mientras que en otras apenas superan el 30%, incluso una de ellas, La Rioja, en 25%.
Asimismo, apuntan a otras mejoras «pendientes» como la ubicación de las plazas residenciales en el territorio: carencia en grandes urbes y exceso en medios rurales donde «no se adecúan a las características y necesidades de estos territorios y de sus habitantes de más edad».
También apuestan por debatir y adecuar las ratios de plantillas con las que cuentan los centros residenciales de mayores, especialmente en la necesidad de incrementarla en gerocultores/as y reformular sus funciones y su remuneración. Pero, sobre todo, ven necesario «superar el modelo asistencialista y sobreprotector» actual y avanzar a modelos de «entornos íntimos, evitando la masificación, facilitando la convivencia y el desarrollo del proyecto vital de cada persona».
En el conjunto de España denuncian que el número de plazas residenciales para personas mayores no se ha incrementado al ritmo que exige el crecimiento de la población mayor de 65 años, que ha pasado de 8 millones de personas en 2010 a 9 millones en 2019. Sin embargo, solo se han incrementado en 12.353, según el informe recientemente publicado por el IMSERSO.
En base a esto, la ratio de plazas residenciales por cada 100 personas mayores se ha reducido pasando de 4,56 a 4,21, lo que la aleja del objetivo del 5% que aconsejan los organismos internacionales, según esta asociación. Y «evidencia» un déficit de 70.000 plazas en términos absolutos.
Por su parte, las plazas de financiación pública, que son las que garantizan el acceso a este servicio de todas las personas que lo necesiten, sólo constituyen 2,5 por cada 100 mayores de 65 años, es decir, «la mitad de la ratio aconsejable».
