El Grupo Municipal Popular presentará en el Pleno del Ayuntamiento del 18 de noviembre una moción instando al Gobierno de Pedro Sánchez a la retirada inmediata de la iniciativa parlamentaria.
El PP, con mayoría absoluta en el Pleno, aprobará esta moción contraria a la modificación del Código Penal para la eliminación del delito de sedición, algo que está impulsando el Ejecutivo de Pedro Sánchez y que los populares consideran que pone «la ley al servicio de sus intereses políticos y de los de su socio de Gobierno ERC, según han explicado en una nota.
En opinión de los populares boadillenses la retirada del delito de sedición para su sustitución por otro de «desórdenes públicos agravados” «socava no solo los principios y fundamentos del estado de Derecho, sino que pone claramente en cuestión la independencia del poder judicial”, según se indica en el texto. De este modo, y de llevarse a cabo la reforma “el Gobierno de España estaría participando activamente en el descrédito y el menoscabo de dos instituciones fundamentales como son las Cortes Generales y los tribunales de justicia, para beneficiar a los que en su día trataron de atentar contra la integridad territorial y el orden constitucional de España.”
Por este motivo, en la propuesta de acuerdo de la moción se insta al Gobierno y a su presidente a que «cumplan, acaten y respeten la Constitución española en la que no tienen cabida la sedición ni los referéndum ilegales y a que ejerzan lealmente las funciones que tienen encomendadas, y actúen en defensa del Estado y de sus instituciones.”
Para Javier Úbeda, alcalde del PP, “las leyes de España no pueden redactarse en la sede de ERC ni por la conveniencia política de Pedro Sánchez. Ni la Constitución ni el estado de Derecho pueden rendirse a las necesidades de ningún dirigente político y menos a las de aquellos que se levantaron contra nuestra nación. En ningún país europeo se reformaría el delito de sedición por parte de los sediciosos”.
Asimismo, ha recalcado que “con este anuncio, el Gobierno de España retoma un peligroso precedente; el de ceder de manera constante y permanente a las pretensiones más radicales de sus socios parlamentarios, aunque con ello no solo socaven los principios y fundamentos del estado de Derecho».
