Los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid registraron el pasado año 12.405, un 12,66 % más que en 2023.
Según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, este incremento interanual devuelve estos procedimientos a cifras muy similares a las registradas en 2022, año en el que el número total de demandas de disolución matrimonial fue de 12.362.
El incremento global se debe al comportamiento de todas las demandas de divorcio y separación, a excepción de las separaciones no consensuadas, las únicas que han disminuido: las otras tres, las de divorcio no consensuado, las de divorcio consensuado y las separaciones consensuadas, han sufrido aumentos por encima del diez por ciento. Sigue la tónica de los datos trimestrales del 2024.
Según recoge el informe, las demandas de divorcio consensuadas registradas en los órganos judiciales en 2024 (6.967) experimentaron un incremento interanual del 12,7 %, mientras que los divorcios no consensuados (5.016) crecieron un 13,4 por ciento.
También crecieron las separaciones consensuadas, que fueron 308 frente a las 280 del ejercicio anterior, lo que supone un aumento del diez por ciento. Las separaciones no consensuadas (114), disminuyeron un 8,8 por ciento.
Nulidades
Las nulidades matrimoniales del pasado año fueron ocho, un 14,3 % más que en 2023, en el que sumaron siete.
Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2024, el número de demandas de disolución por cada 100.000 habitantes en España fue de 199.
Las tasas más altas, por encima de la media nacional, se dieron en Canarias, con 236,4 demandas por cada 100.000 habitantes; Comunidad Valenciana, con 221,9; Andalucía, con 221,6; Baleares, con 219,9; Murcia, con 212,3; La Rioja, con 206,7; y Castilla–La Mancha, con 204,6.
Por debajo de la media nacional se situaron Galicia, con 195,2; Navarra, con 194,9; Cataluña, con 193,3; Asturias, con 192,2; Cantabria, con 187,9; Aragón, con 184,4; Madrid, con 181,2; Extremadura, con 180,3; Castilla y León, con 169,7; y País Vasco, con 168,1.
