En algo más de dos años, según datos del Gobierno de la Comunidad de Madrid facilitados a Boadilladigital.
El servicio 112 Ocupación de la Comunidad de Madrid, que comenzó a funcionar el 23 de junio de 2022, ha logrado en 35 ocasiones que sus profesionales evitasen la ocupación de una vivienda o desalojar la misma, tras recibir una llamada e iniciar el procedimiento.
Según los datos, hasta el pasado 29 de agosto, ha tenido un total de 3.437 llamadas (hasta octubre de 2022 fueron algo más de 2.300). Desde entonces, 201 ciudadanos madrileños han sido atendidos por este servicio alertando de una ocupación en curso de su propiedad privada. Además, en 35 ocasiones los profesionales han podido evitar la ocupación de una vivienda o desalojar la misma, tras recibir una llamada al teléfono del 112 Ocupación e iniciar el procedimiento.
Desde la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior inciden en que «su utilidad radica en que ofrece una respuesta inmediata a los perjudicados por este delito contra la propiedad privada y unifica en una sola llamada todos los recursos de la Administración autonómica (servicios sociales, actuaciones judiciales y policiales)».
Si el hecho de la ocupación ilegal tiene lugar en el momento de la llamada o dentro de las 48 horas siguientes, los agentes telefónicos realizarán un primer análisis de la situación. Como paso inicial, si por sus circunstancias se considerase una emergencia, se derivaría el caso al 112 para la actuación inmediata de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y policías locales.
Los citados agentes, integrado operativamente en el Centro de Coordinación Municipal (CECOM) con sede en el 112, han recibido formación específica para ello. Ralizarán una calificación jurídica, si bien los expedientes más complejos podrán ser trasladados a uno de los dos inspectores de vivienda especialistas que forman parte de este servicio. Todo ello antes de que se produzca la intervención policial o las gestiones que pueda realizarse en Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD).
Sin embargo, no todos los casos de viviendas ocupadas se resuelven favorablemente para el propietario. En Boadilla del Monte, José Luis Sanz, de 61 años de edad, sin trabajo, continúa sin disponer de su inmueble, algo que sucede desde 2020 cuando sus inquilinos comenzaron a no pagarle, tal y como contó el pasado mayo a este periódico en la siguiente entrevista en pódcast.
