Han pasado de 22.463 en 2020 a 25.454 en 2021, según el informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.
El número de mujeres víctimas de la violencia de género y el de denuncias presentadas durante 2021 en la Comunidad de Madrid aumentaron un 13,8 por ciento y un 12,1 %, respectivamente, en comparación con las del año anterior, según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial. Hubo un total de 24.892 víctimas, de las que el 55,93 % tenían nacionalidad española. En cuanto a las denuncias, se registraron un total de 25.454, lo que supone una media de 69,7 diarias, y un 13,3 % más que el anterior (22.463).
Con estos datos, el Observatorio considera que la tendencia al alza desde el levantamiento del estado de alarma por la Covid-19 se ha mantenido de forma sostenida a partir del segundo trimestre de 2021. Esto ha supuesto volver a cifras anuales similares a las de 2019.
En cuanto a quién presentó las denuncias, el 74,6 % fueron las propias víctimas en el juzgado o a través de atestados policiales. El 15,72 % fueron por intervención directa de la policía, las realizadas por por familiares de la víctima se mantuvieron un año más en niveles muy bajos (1,08 %), y los partes de lesiones recibidos directamente en el juzgado representaron el 5,03 %.
En 3.159 casos la mujer renunció a declarar (un 12,69 % del total), prácticamente igual a las cifras de 2020 (12,9 %). De ellas, 1.690 eran españolas (6,7 % sobre el total de las víctimas) y 1.469 eran de otras nacionalidades (el 5,9 %).
Medidas de protección
Además, se solicitaron 5.969 órdenes de protección. De ellas, 5.482 fueron incoadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y otras 487, por los de guardia. Las órdenes de protección adoptadas en la región sumaron 3.170. Eso supone casi seis de cada diez solicitadas (53,1 %), muy similar al 52,5 % de 2020. Los juzgados de violencia sobre la mujer fueron los responsables del 50,14 % de las solicitudes, mientras que los de guardia, del 73,5 %.
Acordaron también un total de 5.837 medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores) derivadas de las órdenes de protección y otras cautelares. Las más frecuentes fueron los mandatos de alejamiento (2.529), que representaron el 43,32 % y medidas cautelares acordadas y la prohibición de comunicación (2.371), un 40,62 %. El conjunto de las penales dictadas disminuyó un 3,32 %.
Por otra parte, dictaron 2.228 medidas cautelares civiles (+12,3 %) cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores mientras se resuelve el proceso penal. Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (740), 33,2 %; y las relacionadas con la atribución de la vivienda (669),30,02 %.
Sin embargo, el aumento más significativo se ha dado en la suspensión del régimen de visitas: de las 92 medidas de este tipo acordadas en 2020, se ha pasado a 248, lo que ha supuesto un aumento del 169,5 %. Las de suspensión de la guarda y custodia (216, 9,69 % del total) y de suspensión del régimen de visitas (248, 11,1 % del total) se incrementaron.
En el conjunto del país, la tasa nacional de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 fue de 66. Madrid se situó por encima, con 70,7. Las comunidades más altas fueron Baleares, con una ratio de 103; Murcia, 88,9; Comunidad Valenciana, 86,6; Canarias, 81,6,5 y Andalucía, 74,7. Las más bajas se dieron en Castilla y León, con 42,6, Galicia, con 44,5 y País Vasco, con 47,1.
Ángeles Carmona
Sobre los indicadores de la violencia de género en 2021, la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, ha insistido en dos aspectos. En primer lugar, «el apoyo a las víctimas por parte de su entorno más cercano, un respaldo dirigido a evitar el completo aislamiento de estas mujeres y a dirigirlas hacia la única salida posible de la situación de violencia, que es la denuncia».
El segundo aspecto es el de «la educación de los niños en valores que les permitan crecer en una sociedad donde primen la igualdad y el respeto». Una tarea que ha indicado que «incumbe a todos, administraciones y empresas, ya sean públicas o privadas, colegios, universidades, medios de comunicación, etc».
Carmona asegura que los últimos datos ponen de manifiesto la mayor protección de la que gozan los hijos de las víctimas tras la entrada en vigor en septiembre de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Ha sido un año especialmente duro, con 7 menores asesinados.
Los datos que desde 2003 recaba esta institución «ponen en evidencia que la ruptura de la relación de pareja, o su anuncio, aumenta el riesgo para las víctimas y sus hijos». Por este motivo, Carmona valora de forma muy positiva el aumento de la suspensión del régimen de visitas.
