La norma ha comenzado a tramitarse y permitirá convertirlos en un total de 20.000 nuevos pisos en numerosos municipios.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó ayer el proyecto de ley de Medidas urbanísticas para la promoción de vivienda protegida, con la que se podrán realizar la transformación.
Estima que la norma se podrá aplicar para liberar 1,8 millones de metros cuadrados de locales a través de esta medida extraordinaria y temporal que autoriza el cambio de uso de suelo calificado como terciario (destinado a oficinas), a uno residencial, para la implantación de viviendas sujetas a alguna protección pública (VPP) en régimen de alquiler. «Esta novedosa acción será posible sin necesidad de hacer una modificación del planeamiento», y simplemente mediante licencia.
Los ayuntamientos tendrán hasta cuatro meses para decidir su aplicación. En el caso de sigan adelante, se habilita un plazo de dos años para solicitar la licencia y de tres como máximo para ejecutar la obra. Se podrá realizar en parcelas vacantes o en edificios existentes, siempre que sea a toda la infraestructura.
Además, con la nueva norma esperan que haya una simplificación de trámites, reducción de cargas o modificaciones que permitan una mejora organizativa y un impulso de esta actividad económica. Incluye la exención de los planes especiales para la implantación de VPP en las parcelas supramunicipales calificadas como equipamientos. Con ello se produce una reducción del plazo para su construcción de entre 8 y 12 meses.
También se recoge un nuevo estándar sobre reservas de aparcamiento para las VPP, situando el número de plazas de aparcamiento en uno por vivienda. En todo caso, se respeta la autonomía local. Así, los ayuntamientos podrán decidir su aplicación en su término municipal, y establecer condiciones adicionales o definir los ámbitos territoriales para su implantación.
El texto, elaborado desde la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, se remite ahora a la Asamblea legislativa para su validación y entrada en vigor a finales de este mes. En él hay aportaciones de colectivos del sector y ayuntamientos durante el trámite de audiencia e información, según el Gobierno regional, cuyo objetivo es el aumento del parque de vivienda regional «para facilitar así su acceso a los madrileños».
A comienzos de mayo el Ejecutivo autonómico anunció su intención de aprobar esta normativa, una medida con la que la Comunidad de Madrid impulsa un criterio distinto a la ley estatal (del PSOE, en vigor desde 2023), que apuesta por la declaración de zonas tensionadas para limitar los precios de las viviendas y que el Ayuntamiento de Alcorcón quiere que se aplique en la región, tal y como contó Villaviciosadigital en esta noticia. Su alcaldesa, Candelaria Testa (PSOE) pidió al regidor de Boadilla del Monte, Javier Úbeda (PP), sumarse a una comisión para impulsar en la Asamblea regional la aplicación, algo que rechazó el boadillense.
