Agentes de la Policía Nacional han detenido a 25 personas en distintas localidades de la Comunidad de Madrid.
Formaban parte funcionarios de los servicios de empleo público, empleados de banca y gestores administrativos, entre otros.
La investigación arrancó en el mes de diciembre de 2022, tras detectar irregularidades en la actividad de diversos empleados dedicados a la tramitación de prestaciones de desempleo. En concreto, el análisis informático detectó el acceso injustificado a múltiples expedientes, en su mayor parte relativos a operaciones de capitalización de la prestación por desempleo. Estas se dirigen a fomentar el autoempleo y permite que los perceptores de la ayuda contributiva puedan destinar la totalidad de la que tiene pendiente por percibir para sufragar los gastos necesarios para constituirse autónomos.
Las pesquisas policiales posteriores descubrieron un entramado del que formaban parte funcionarios de los servicios de empleo público, empleados de banca y gestores administrativos, entre otros. Todos ellos se integraban en una organización con un claro reparto de funciones y una estructura distribuida en cinco eslabones.
En primer lugar, contaba con dos varones que desempeñaban el rol de dirección y captación de clientes, trazando estrategias respecto a qué tipo de solicitudes se debían realizar y calculando el margen de beneficio de cada prestación, que oscilaba entre el 25 por ciento y el 40% del montante total de la capitalización. Asimismo, establecían los contactos, a los que dirigían hasta una gestoría del distrito madrileño de Latina. En ella se formalizaban los trámites documentales necesarios para sustentar las solicitudes, integrándose en este segundo grupo de la organización sus responsables y trabajadores.
En la tramitación sustentaban la solicitud de ayudas para adquirir vehículos o material informático que debía servir como capital inicial para comenzar con la actividad del desempleado por cuenta propia. Sin embargo, dichas compras eran acreditadas mediante facturas falsas, actuando en connivencia con dos varones, uno de ellos dedicado a gestiones administrativas de tráfico y un segundo que regentaba un concesionario de vehículos próximo a la citada oficina.
Empleados públicos
El tercero de los roles de relevancia dentro de la organización era el relativo al seguimiento de expedientes y asesoramiento, el cual era desempeñado por los empleados públicos detenidos (uno de ellos perteneciente al SEPE y tres a la Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid), quienes hacían uso de sus credenciales de acceso a las bases de datos del primer organismo, para realizar una labor de consulta sistemática y diaria de los beneficiarios y expedientes de interés, controlando los trámites desde su inicio hasta el momento final del abono de la prestación.
A cambio de estas labores, los funcionarios recibían pagos mensuales constantes por parte de los responsables de la organización, que podían alcanzar hasta los 50.000 euros.
En el cuarto eslabón emerge la importancia de los empleados de entidades bancarias, quienes se dedicaban al control de beneficiarios y pagos. Previamente, los responsables de la organización les habían contactado para que se encargaran de abrir cuentas que eran aportadas al SEPE para el destino de las prestaciones ilícitamente obtenidas. De esta forma, estas personas controlaban los movimientos bancarios y se aseguraban de que la red percibiera las cantidades acordadas mediante retenciones de saldo u órdenes de pago diferidas por el montante acordado, que oscilaba entre el 25% y el 40% de la prestación.
El montante acordado de la organización oscilaba entre el 25% y el 40% de la prestación
Una vez asegurado el beneficio de la estructura, por parte de los beneficiarios, se realizaba la transferencia de las cantidades comprometidas, entrando en el apartado final de la investigación, el de recepción de beneficios. Éstos eran destinados a cuentas bancarias controladas por las sociedades en las que participaban los miembros de la organización o a las personales de los mismos.
Registros
La fase de explotación de esta investigación se desarrolló la pasada semana con la realización de 16 registros en domicilios y oficinas de Madrid y la detención de los 25 integrantes de la red, quienes fueron puestos a disposición judicial como presuntos responsables de delitos contra la Seguridad Social, falsedad documental, cohecho, revelación de secretos, blanqueo de capitales e integración en organización criminal.
La Policía Nacional intervino equipos informáticos y dispositivos móviles, relojes de alta gama, más de 25.000 euros en efectivo, cuatro vehículos y abundante documentación, entre otros efectos.
En la operación policial han colaborado departamentos de empleo de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE); la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid.
