El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha anunciado esta medida que se limitará al casco histórico, para vehículos que no tengan distintivo o tengan distintivo A de la DGT, con 13 excepciones.
Ha establecido un periodo transitorio de seis meses en el que no sancionará.
La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Boadilla del Monte, que se circunscribe al casco histórico, entrará en vigor el próximo 19 de septiembre. Según lo aprobado, y en cumplimiento estricto de una normativa estatal, no podrán acceder a la ZBE los vehículos que no tengan distintivo ambiental o tengan el A de la Dirección General de Tráfico, con las siguientes excepciones:
- Vehículos de los vecinos de Boadilla, vivan o no en el ámbito de la ZBE.
- Vehículos de quienes, aun no siendo vecinos, tengan una plaza de aparcamiento dentro de la zona, además de los que estacionen en el aparcamiento público existente (o estén dados de alta en el impuesto de circulación).
- Vehículos dados de alta en el IVTM de Boadilla del Monte.
- Vehículos que accedan para dejar o recoger a alumnos matriculados en centros escolares ubicados en la ZBE.
- Vehículos de proveedores que deban entregar su mercancía en establecimientos o domicilios de la zona.
- Vehículos que accedan a talleres mecánicos, establecimientos hoteleros o al aparcamiento público.
- Vehículos de empresas de construcción, instalación y mantenimiento.
- Taxis, VTC y, en general, vehículos destinados al transporte de viajeros.
- Vehículos de transporte de caudales y comunicaciones postales.
- Vehículos de autoescuela, grúas y mudanzas.
- Vehículos históricos.
- Servicios públicos esenciales.
- Vehículos adaptados para personas con movilidad reducida.
Los dados de alta en el IVTM en Boadilla, al igual que aquellos que accedan al aparcamiento público, aun no teniendo distintivo o siendo etiqueta A, no necesitarán de ningún permiso específico para acceder, han aclarado desde el Consistorio.
En el resto de los casos, los permisos de acceso se pueden solicitar a través de esta web. Para resolver cualquier duda, se puede escribir a zbe@aytoboadilla.com o llamar al teléfono 910 324 766.
Ámbito de aplicación
La ZBE está comprendida entre la calle Pedro González, la carretera de Majadahonda, el paseo de Madrid, la avenida de España y Mártires. Las vías incluidas son: Camino de San Sebastián, Joaquín Ramos, Radio Peninsular, Juan Carlos I, Convento, Buenavista, Álamo, Nueva, Juan García Serrano, Sevilla, Santa Teresa, Del Carmen, Fragua, Enrique Calabia, San Cristóbal, García Noblejas, Arco, calle de la Vega, San Babilés, Barranco amarillo, ronda de San Babilés, plaza de la Cruz y avenida de Adolfo Suárez.
En las inmediaciones de cada punto de acceso el Ayto. ha colocado señalización vertical fija indicando la prohibición de acceso para vehículos no autorizados, en donde los conductores puedan continuar la marcha por otro itinerario si no tienen autorizado el acceso.
También ha señalizado la existencia de sistemas de captura de lectura de matrícula y fotografías de contexto, en cumplimiento de la legislación vigente relativa a la implantación de cámaras y protección de datos personales. En total se han instalado 11 cámaras de tipo LPR y cinco paneles de mensaje variable.
En los carriles de entrada a la ZBE ha pintado igualmente señalización horizontal para informar a los usuarios del acceso a una zona restringida.
Coste
El coste de implantación de la ZBE ha ascendido a 402.879,24 euros, incluyendo el suministro y la obra. Todo el importe ha sido financiado con el Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperación, Rransformación y Resiliencia.
El Consistorio adjudicó en abril de 2023 el contrato para la gestión y regulación de la ZBE a la empresa Etralux S.A.-Omnivisión Seguridad S.L; con una duración de 31 meses, prorrogable hasta los 55. Con un valor estimado de 624.216 euros, financiados íntegramente con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, programa Next Generation UE. Su implantación estaba prevista inicialmente para finales de 2023.
La implantación es obligatoria en España para localidades de más de 50.000 habitantes (y los de más de 20.000 que superen determinados niveles de contaminación), para cumplir con los objetivos marcados por la Unión Europea y en cumplimiento de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética aprobada en 2021.
