La moción que se debatirá en la sesión plenaria de noviembre y estiman que los vecinos de Boadilla del Monte pagarán 4,6 millones de euros al año.
Según han indicado en una nota, el objetivo de su propuesta es que el Ayuntamiento pida la retirada de la Ley 7/2022 de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que obliga a los ayuntamientos a partir de abril de 2025 a imponer una tasa que cubra los gastos totales de la recogida y tratamiento.
Para su cálculo, los consistorio deberán determinarlo en una ordenanza fiscal, con criterios como los metros cuadrados de la vivienda, el número de habitantes, el consumo de agua… o la mezcla de varios de estos aspectos.
VOX Boadilla recuerda que dicha Ley fue aprobada en el Congreso de los Diputados «gracias a los votos favorables del PSOE y la abstención del PP»; el partido de Santiago Abascal votó en contra.
Según esta formación, la nueva tasa va a suponer unos 4,6 millones de euros al año más a los vecinos del muncipio. Estiman que en un piso medio de tres habitaciones y cuatro empadronados, va a tener que pagar al año unos 140 euros; un chalet con parcela y seis empadronados, puede llegar a más de 500 €.
El portavoz de VOX, Juan Pineda, ha afirmado: “nos encontramos frente a otro hachazo al bolsillo de los vecinos, que ven como no para de subir la presión fiscal en nuestro país, esta vez con la falsa excusa de proteger el medioambiente, cuando en realidad el único fin es empobrecer a la población y que así dependa cada vez más del Estado. Los boadillenses ya pagamos un recibo del IBI muy abultado que cubre de sobra el coste del servicio de basuras».
Por eso, le piden al Ejecutivo local del PP que «no se excuse en esta imposición para llenar más las arcas municipales y que mientras haya que cobrarla, se bajen otros impuestos y tasas para compensar este nuevo atraco a los vecinos”.
No es la primera vez que este tema llega al Pleno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. El pasado abril el PP aprobó una moción para instar al Gobierno de Pedro Sánchez a no activar la tasa de basura. PSOE y Más Madrid votaron en contra.
La nueva tasa implicará una media de 47 euros por ciudadano y se sumaría a los cerca de 61 que actualmente paga cada ciudadano de manera indirecta en el IBI. Desde la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local auguraron que la imposición sin la existencia de una ordenanza fiscal tipo de referencia para su cálculo e implantación, «generará una situación de gran inseguridad jurídica y supondrá, como conllevó la plusvalía, un indeseable aumento de la litigiosidad”.
