Así lo han expresado ayer desde el PSOE de Boadilla del Monte, en relación a la sentencia ejecutiva del pasado en la que un juzgado falló a favor del centro deportivo y obliga al Ayuntamiento a pagar algo más de 8 millones de euros.
El PSOE de la localidad publicó ayer en redes sociales un mensaje en el que afirman que la condena del Republic Space cuesta a cada vecino 130 euros, «indemnización mínima con recursos de Boadilla del Monte». Asimismo, afirmaron: «la incompetencia del equipo del Gobierno del PP la pagamos todos».
El pasado diciembre los socialistas pidieron explicaciones al equipo del Gobierno del PP. Según estimaron la cifra de 8 millones es en base a los 5.000 clientes del centro deportivo, de los cuales 2.000 son pertenecientes al área más numerosa de fitness. «Sólo de estos últimos, por mero cálculo matemático del perjuicio, y consistente en aplicar el diferencial de precio por volumen de cliente, a contar desde septiembre de 2015, que es la fecha de inicio de la reclamación de la empresa (123 meses), el débito podría ascender, a fecha de hoy, a la suma aproximada de 8.448.000 euros».
Creen que a ello habría que «sumar los intereses legales, el IPC, etc., y sin contar igual cálculo del perjuicio en otras áreas de actividad del Republic Space hasta el total de usuarios en cada una de ellas».
Sentencia ejecutiva firme
Y es que una sentencia ejecutiva firme de abril de 2024 reconoció el derecho de esta sociedad a la que el Consistorio otorgó una concesión administrativa hasta 2053, así como el desequilibrio financiero que sufrió desde que construyó el polideportivo municipal Rey Felipe VI. Es consecuencia de un fallo del año 2018 de un juzgado de lo Contencioso Administrativo, que el Consistorio no recurrió, y la demandante solicitó en 2019 la ejecución.
El juzgado reconoció que RS sufrió un desequilibrio económico desde 2015 cuando abrió sus puertas el Rey Felipe VI con precios más bajos de los del mercado y no asumibles por la demandante. Y resolvió que la empresa «cobrará a los usuarios» del centro «las mismas tarifas que tenga fijadas el Ayuntamiento de Boadilla para las mismas actividades en las instalaciones municipales». Además, obliga a la administración local a retribuir la diferencia desde entonces y hasta que concluya la concesión en 2053.
El Ayto. apeló la ejecución de la sentencia porque cree que el fallo sólo afecta a las pistas de pádel descubiertas, mientras que RS señala a un total de ocho actividades. Esa apelación no paraliza su aplicación.
