Lo ha anunciado el Gobierno regional, para quien «acabará totalmente con la dispersión de edificios en este partido judicial» al que pertenecen localidades como Boadilla del Monte.
El Ejecutivo de la Comunidad de Madrid ha confirmado que las obras del nuevo edificio judicial de Móstoles comenzarán durante el segundo trimestre del presente año, con una inversión de 47,1 millones de euros (se han ido incrementando desde los 25 iniciales) y prevén un plazo de ejecución de 32 meses. Estará ubicado en el número 44 de la calle Nueva York.
Este anuncio llega una vez que el pasado año se formalizó la adjudicación del contrato del proyecto básico y de ejecución, y que el Gobierno regional volviera anunciar el pasado mayo que construiría una sede mostoleña que unificase todos los juzgados, algo que ya hizo en enero de 2020.
Ocupará 36.000 metros cuadrados, actualmente divididos en cuatro sedes. Tendrá 24 juzgados, más 8 de reserva además, una sala de macrocausas, un espacio multiusos y de conferencias, dos para juicios con jurado popular, cámara Gesell (sala específica para proteger a las víctimas o menores) y servicio de guardería.
Móstoles alberga la sede del partido judicial que agrupa a la localidad boadillense, Villaviciosa de Odón, Brunete, Móstoles, Quijorna y Villanueva de la Cañada. El pasado mes de noviembre el Ministerio de Justicia estableció mediante real decreto, que incluiría un nuevo juzgado de Primera Instancia, el número 9.
Se trata de una medida incluida en la programación 2022 y adecuación a la planta judicial. Según el Gobierno el objetivo es «afrontar, atender y resolver la carga de trabajo existente en la Administración de Justicia en todo el territorio nacional».
Ese gran volumen de trabajo afecta especialmente a los juzgados mostoleños, «totalmente hundidos», tal y como contaron a finales de diciembre de 2021 abogados, trabajadores e incluso jueces a Boadilladigital. La causa principal, la cantidad de expedientes abiertos en toda España relacionados con el Banco Santander y el extinto Banco Popular que se dirimen en Móstoles. «Hacemos lo que podemos», dijeron algunos funcionarios que denunciaron estar desbordados con cientos de expedientes atrasados desde hace años.
