Nueve consejerías continúan trabajando en 50 medidas que incluyen limitaciones a la venta y suministro de derivados y sucedáneos del cannabis a menores de edad.
Este miércoles se han conocido nuevas medidas que incluirá el Plan contra las drogas de la Comunidad de Madrid, todo ello en la intención del Gobierno autonómico de no legalizar el consumo del cannabis en la región, tal y como recalcó en mayo la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute.
Se trata de «un documento estratégico» que agrupa las actuaciones en cuatro ejes encaminados a la prevención e información; la asistencia y la atención; la reinserción, así como la vigilancia y la monitorización, según ha anunciado este miércoles la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, quien ya adelantó el pasado junio algunas de estas medidas.
Incluye la modificación de la actual regulación autonómica recogida en la Ley sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos de manera que habrá limitaciones a la venta y suministro de derivados y sucedáneos del cannabis a menores de edad (es la droga ilegal más consumida entre los estudiantes madrileños de 14 a 18 años), tanto en establecimientos, donde se exigirá la presentación de un documento oficial que acredite la edad del comprador, como a través de máquinas expendedoras que deberán incorporar un sistema que permita comprobar la identidad del usuario y verificar su edad, y dispensadores móviles o portátiles.
Asimismo, va a limitar el patrocinio y la publicidad de estos productos, además de prohibirla a una distancia inferior de 300 metros, como mínimo, de los centros educativos de enseñanza no universitaria. Controlará también el suministro o la venta de artículos de promoción comercial cuya imagen se asocie a ellos e intensificará la inspección en los establecimientos (comenzó el pasado mes de junio en colaboración con los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado), para verificar que cumplen con las nuevas medidas de control.
Paralelamente, esa limitación también afectará a los videojuegos distribuidos en la Comunidad de Madrid. Además, prohibirá asociar el consumo de productos derivados del cannabis con mejoras en el rendimiento físico, beneficios para la salud o actividades de riesgo.
Esta reforma supondrá la adecuación de la normativa a la Ley autonómica de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia aprobada en 2023. Un texto legal que establece la prohibición de vender a los menores sustancias perjudiciales y nocivas para su organismo. También se incluye la obligación de informar de manera visible de la composición, características y uso de artículos orientados a este colectivo.
Información itinerante a jóvenes
El plan activará, además, un servicio móvil e itinerante de prevención de las adicciones en los espacios de encuentro de la población adolescente para informales y sensibilizarles sobre las consecuencias negativas y los riesgos sociales que acarrean las drogas. Esto incluye colaboraciones con entidades locales para realizar actividades en materia de promoción de la salud.
También programarán talleres de sensibilización y prevención de adicciones en los Centros de Formación para el Empleo y se creará una aplicación móvil, diseñada para los jóvenes, con un asistente virtual que les informará y aconsejará sobre los riesgos del consumo y les ofrecerá recursos para buscar ayuda en el caso que sea necesario.
A la Tarjeta Sanitaria Virtual incorporarán actividades formativas, algunas dirigidas a los padres, y con temáticas muy variadas que abarcan los hábitos de vida saludable frente al alcohol, las drogas o el uso responsable de las pantallas.
Ámbito escolar
En el ámbito escolar, el plan reforzará las actividades en los centros educativos e incluirán formación sobre drogodependencias a directores y profesores.
Tienen prevista la creación de una Cátedra de I+D+i sobre la prevención del uso de estupefacientes en colaboración las universidades madrileñas, así como un nuevo programa de prevención del uso inadecuado de las tecnologías de la información y la comunicación para alumnos de Primaria.
También pretende reforzará la figura el agente tutor mediante un curso para policías locales en el Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias (IFISE), con el objetivo de fortalecer las capacidades de los agentes en la prevención del consumo de sustancias adictivas.
Igualmente, se formará a instructores y guías caninos para mejorar la capacidad de las fuerzas de seguridad en la detección y combate del tráfico de drogas.
Asistencia y atención a consumidores
Otro de los apartados es la creación de una red de atención integral, en coordinación con la red de Centros de Tratamientos de Adiciones, compuesta por personal técnico cualificado en competencias de prevención e intervención de personas que presenten conductas de riesgo o se hayan iniciado en el consumo de drogas.
En esta misma línea, se crearán dos nuevos centros de Prevención, Tratamiento e Investigación del Trastorno por Juego, y se extenderá el servicio de la Unidad de Ingreso y de Hospital de Día de Desintoxicación para adolescentes y jóvenes, que prestará atención psiquiátrica y psicológica, médica o de enfermería, así como de trabajo social y de la Unidad Ambulatoria de Patología Dual para tratar problemas de trastorno mental y adictivo.
En el ámbito social, continuarán los programas de atención a personas sin hogar, ya que se calcula que la mitad de este colectivo padece alguna adicción, sobre todo relacionadas con el alcohol. A su vez, se regularán las obligaciones y condiciones técnicas para la contratación del servicio de atención residencial para menores con adicciones graves.
También, seguirá en marcha el programa Enlace para menores infractores, de divulgación informativa para los menores internados en los centros de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI).
De otro lado, habrá un nuevo programa de asesoramiento en las Oficinas de Asistencia de Víctimas del Delito. Estará dirigido a jóvenes agresores y dichas víctimas que puedan ser posibles consumidores de drogas sobre los peligros del consumo o la derivación a los recursos disponibles del Gobierno regional.
El plan recoge una regulación de las residencias para menores con adicciones graves y consumo de sustancias indicando las condiciones que deberá regir la contratación de atención residencial, tanto para niños como adolescentes como obligaciones, condiciones técnicas o actividades específicas.
Asimismo, se impulsará la Red de Atención Ambulatoria a Drogodependientes, formada por 24 dispositivos distribuidos por toda la región, para ofrecer atención especializada e integral tanto a las personas dependientes de estas sustancias como a su entorno familiar.
Planes de acceso al empleo
También se llevarán a cabo itinerarios y planes personalizados de empleo para personas con algún tipo de adicción. Irá dirigido, sobre todo, a personas demandantes de servicios de empleo, desempleadas u ocupadas. Con esta iniciativa, se pretende facilitar el acceso al empleo a personas que hayan participado en procesos de desintoxicación.
Además, el plan generará un nuevo sistema de alerta temprana para la detección de nuevas sustancias psicoactivas, una ruta inspección y control de derivados del cannabis, análisis de aguas residuales (como ya se hizo durante la pandemia del COVID) y monitorización de las urgencias hospitalarias por consumo de sustancias.
En este sentido, también se harán estudios poblacionales a personas de entre 15 y 64 años para conocer sus hábitos, a pacientes en tratamiento por adicciones en los centros ambulatorios de la Red de Atención a Drogodependientes y análisis toxicológicos de fallecidos realizados por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Comunidad de Madrid.
