Lo han solicitado a la Delegación del Gobierno en Madrid, después de que se viralizase un vídeo en el que presuntos okupadores señalasen a Boadilla del Monte como su próximo objetivo.
Varios medios de comunicación se hicieron ayer eco y dieron credibilidad a un vídeo en el que unos presuntos okupas del madrileño barrio de Carabanchel señalaban que el municipio boadillense iba a ser su destino para okupar viviendas o negociar su okupación para otras personas. En las imágenes se pudo ver que iban dentro de un vehículo y grababan en zonas de inmuebles nuevos en la localidad.
Fuentes del equipo del Gobierno del Partido Popular han dicho a Boadilladigital que se trata de «un vídeo antiguo, que no es actual, que tiene varios meses de antigüedad» y que a pesar de esto, «no ha sucedido nada». Apuntan a que las prociones viviendas que salen en las imágenes «actualmente están habitadas por vecinos».
Pese a esto, ayer han contactado con el Delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, «para que aumente los efectivos de Guardia Civil para controlar los accesos al municipio y tome las medidas necesarias para garantizar la seguridad ciudadana».
A su vez, indican que la Policía Local «ya es consciente de este peligro, y cuenta con la formación debida para actuar ante una situación de estas características, en caso de que se acabara produciendo, y poder afrontarlo con la mayor eficacia, y todo el respaldo del Ayuntamiento».
Desde el Consistorio recalcan que «cada agente que forma parte de la Policía de Boadilla tiene todo nuestro apoyo y respaldo para defender la propiedad privada de los vecinos».
Finalmente, apuntan a que «en Boadilla del Monte nunca ha habido un problema con okupas ni lo va haber» y consideran que «la amenaza no es nueva ni es exclusiva de Boadilla». En su opinión, «se produce porque hay un Gobierno que protege al okupa y hace vulnerable a los propietarios».
Estas valoraciones de ayer se producen justo en el día en el que la Policía Local presentó la Memoria de Actividades de 2024 y en ella se refleja el aumento de intervenciones, aunque no especifican ninguna relacionada con la okupación de viviendas.
