Según dos sentencias del Juzgado de lo Social, en relación a dos personas que hasta junio de 2023 realizaron labores en distinas áreas del Consistorio de Boadilla del Monte, unos fallos que no son firmes.
En los meses de abril de 1997 y mayo de 2002, dos trabajadores del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, ambos Licenciados en Ciencias de la Información, desempeñaron su trabajo hasta su cese el 16 de junio de 2023 en diferentes concejalías y áreas como Cultura, Turismo, Personas mayores, Servicios Sociales, Familia, Mujer e Infancia, etc. El PSOE del municipio ha explicado que, en concreto, en puestos de trabajo como coordinador técnico o coordinadora, y que ambos trabajadores fueron cesados como personal eventual de confianza por el equipo de Gobierno del PP al finalizar el mandato de la Corporación Municipal 2019-2023.
Los dos empleados presentaron demanda de despido en impugnación de la comunicación de cese como personal eventual, afirmando el carácter laboral de la prestación de servicios que realizaban.
Los días 8 de marzo y 6 de mayo de 2024, respectivamente, el Juzgado de lo Social emitió dos sentencias (dadas a conocer en los Pleno del Ayto. de abril y junio de este año) en las que afirman que, en ambos casos, la relación que unía a las partes era laboral y de carácter indefinido y no personal eventual de confianza. En la primera argumentan que “…hubo fraude en la contratación puesto que se trataba de atender una necesidad permanente de la corporación municipal con lo que la relación devino en indefinida no fija por lo que el cese de 16-06-2023 respondió a un despido que ha de ser declarado improcedente con los efectos legales inherentes…” En la segunda “…Y dicho nombramiento irregular encubre en realidad la presencia de una relación laboral indefinida…”.
Las sentencias indican que la relación que unía a las partes era laboral y de carácter indefinido y no personal eventual de confianza.
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte va a recurrir las dos resoluciones, tal y como explicaron en sesión plenaria desde el actual equipo de Gobierno, tras la petición de explicaciones por parte del Grupo socialista.
El PSOE opina sobre los fallos: «afirman con claridad que las funciones desarrolladas por ambos trabajadores municipales no eran las propias de un puesto de confianza o asesoramiento especial, pretensión del Ayuntamiento para, aparentemente, eludir el pago de la indemnización por despido a la que aquellos trabajadores tenían derecho». Se trata de una «fraudulenta e irregular encomienda de funciones a dos cargos de confianza, personal eventual, del equipo de Gobierno del PP», recalcan.
Alfonso Castillo, portavoz socialista en el Pleno, afirmó en la sesión del 21 de junio que “según se desprende de las resoluciones judiciales, la negligente gestión por parte del equipo de Gobierno del PP en la contratación de estos dos trabajadores que legítimamente reclaman sus derechos, puede ocasionar un grave perjuicio económico de casi 200.000 euros a las arcas municipales”.
Por esto se preguntó “¿quién se va a hacer responsable de esto?”, “¿quién lo va a pagar?”. En su opinión, “el posible abono de estas cuantías económicas no debería recaer sobre los vecinos y vecinas de Boadilla del Monte” y pidió que «se hagan responsables y paguen aquellos que han llevado a cabo, según la jurisdicción laboral, estas malas prácticas».
