Con los votos a favor del PP y del PSOE; VOX y Más Madrid votaron en contra.
Entrará en vigor el próximo 1 de enero, en cumplimiento de la Ley estatal 7/2022 de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Todo listo para que el Consistorio comience aplicar desde el próximo abril la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación del Servicio de Gestión de Residuos de Competencia Municipal, aprobada de forma definitiva en el Pleno ordinario que tuvo lugar el pasado 20 de enero.
La ordenanza fue aprobada provisionalmente el pasado 25 de octubre y el equipo de Gobierno desestimó las seis alegaciones que presentó la concejala de Más Madrid, Marian Graña. Pedían tener en cuenta la aportación de Ecoembes en los cálculos de costes reales; el pago de cuota variable aplicada en base a la proporción por habitante; tener en cuenta la cantidad real de residuos generados y la participación en programas de compostaje, y realizar un programa de gestión de residuos y cumplirse la obligación legal de recogida selectiva.
Según el texto, los badillenses pagarán una «cuota fija que se determinará aplicando al valor catastral de cada bien inmueble el tipo o coeficiente resultante de la repercusión sobre cada bien inmueble, del coste de las actuaciones municipales realizadas para la recogida de los residuos, respecto del total de las bases imponibles de los bienes inmuebles sujetos a tributación».
Habrá otra variable, «será el resultado de asignar a cada inmueble, según su uso
catastral y nivel de producción de residuos, una tarifa de pago por generación,
resultante de la repercusión del coste de las actuaciones municipales realizadas para
el transporte y tratamiento de los residuos, y que se determinará para inmuebles de
uso catastral residencial, en función del número de personas empadronadas y para inmuebles de uso catastral no residencial, en función del volumen y tipo de residuos
generados».
No obstante, habilita la regulación de reducciones en la cuantía de la cuota tributaria que se podrán tener en cuenta. Se refiere a contribuyentes que tengan la consideración de familias numerosas, así como para personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión social, según se determina en la Ordenanza municipal reguladora de la concesión de prestaciones sociales de carácter económico para situaciones de especial necesidad y/o emergencia social económicas.
A ellas deben añadirse las bonificaciones por colaboración en la gestión de ingresos
municipales por domiciliación y por fraccionamiento, vinculadas a las ya aprobadas y en
vigor en este sentido para el impuesto sobre bienes inmuebles.
Valor catastral y cuantía de residuos
Los criterios establecidos en la ordenanza para aplicar la tasa generaron discrepancias entre VOX y el PP. El portavoz de los primeros, Juan Pineda, afirmó con rotundidad que «es un atraco al bolsillo de los ciudadanos» y acusó a los populares de estar encantados de ponerla «por los millones que se van a meter en la buchaca” y de “estar al dictado de lo que marca la izquierda de este país, absteniéndose en la votación de la ley 7/2022 en el Congreso de los Diputados».
Asimismo, apuntó a que la normativa “se salta a la torera el principio establecido en la ley de que quien más residuos genera, más paga, así como el de capacidad económica”, en alusión al valor catastral.
La formación de Santiago Abascal estima que los vecinos de Boadilla del Monte pagarán 4,6 millones de euros al año, tal y como señalaron en su moción de octubre para exigir la retirada de la ley estatal.
Por otro lado, vaticinaron un aluvión de reclamaciones a la ordenanza por parte de los vecinos y anunció que VOX les va ayudar a presentarlas porque «esta tasa es injusta y es una barbaridad”.
El edil de Medio Ambiente del PP, David Mesa, respondió a Pineda y le recordó que en España, por la Constitución, los servicios públicos se financian en base a la riqueza de las personas, y «una manera correcta, y lo ven en su IBI, de medir la capacidad económica es el valor catastral».
Explicó que si no lo aplican así, conllevaría recursos contra la tasa y contó que el 80 por ciento de la misma corresponde a los servicios de recogida y gestión de residuos por parte de Ecoembes, y el 20 % restante es por el tratamiento, cuya competencia municipal está delegada en la Mancomunidad de Municipios del Sur de la Comunidad de Madrid a la que pertenece Boadilla del Monte.
Insistió en que la tasa la han aprobado así en ayuntamientos de diferentes ideologías y reconoció que no están «nada de acuerdo» en esta norma estatal porque es «recaudatoria porque el Estado no quiere soltar más dinero, a pesar de que no para de recaudar más y más”, y que es «imposible de cumplir» porque «no se puede saber el número exacto de residuos que genera cada persona».
Úbeda
El alcalde, Javier Úbeda (PP), ante las afirmaciones de VOX, antes de la votación, recalcó: “yo no soy cómplice para nada, lo hemos demostrado y así lo hemos peleado, con mociones en el Pleno exigiendo la retirada de una ley mala, como tantas malas que nos han hecho; la de vivienda, la del sí es sí…Esto es una obligación legal y por responsabilidad cumplimos la ley».
Además, destacó el trabajo «de meses» por parte de diferentes áreas del Ayuntamiento «para hacer lo más justo posible». En su opinión si luego un tribunal «lo tira», «pues sí, porque la ley es malísima, y viene muy mal definida y no se incentiva el reciclaje, y va a pagar lo mismo prácticamente el que lo hace bien que el que lo hace mal, es un desastre de ley». Y finalizó afirmando: «como es una ley mala, las consecuencias van a ser malas, evidentemente, pero no por eso vamos a dejar de cumplirla”.
ARC
