Madrid recurrirá ante el Tribunal Supremo la negativa del Gobierno de España a que pase a fase 1

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El Gobierno regional cree que el Ministerio de Sanidad «podría¡ vulnerar varios principios y normas esenciales de nuestro ordenamiento jurídico».

El recurso se plantea contra la decisión del Ministerio de Sanidad de denegar a la Comunidad de Madrid el cambio de fase en el llamado proceso de desescalada por la COVID-19. Así lo comunicó este miércoles el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en un Consejo de Gobierno reunido con carácter extraordinario.

El planteamiento con la primera solicitud que realizó Madrid para cambiar de fase es que «no tiene constancia de que exista ningún informe que motive el rechazo a la petición», lo que podría suponer «un defecto grave». En cuanto a la segunda solicitud, desde el Ejecutivo regional, apuntan a que el informe de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad es posterior a la comunicación de la decisión y a que las razones que esgrime «no tienen relación directa con los indicadores del llamado Plan para la Transición a una Nueva Normalidad».

Por otro lado, los dirigentes madrileños «tiene dudas razonables» acerca de que los indicadores se estén aplicando de manera homogénea para todas las comunidades autónomas por parte del Ministerio de Sanidad, lo que le hace cuestionarse la validez jurídica de la decisión, tanto desde el punto de vista técnico como del respeto al principio de igualdad.

De hecho, el Gobierno regional considera «que cumple», desde que lo solicitó por primera vez, todos los requisitos técnicos que exige el ministerio para poder acceder a la fase 1 de la desescalada.

De acuerdo con los datos que maneja la Comunidad de Madrid, los indicadores de salud, la capacidad de detección y seguimiento de nuevos contagios, así como la capacidad estratégica del sistema sanitario madrileño para hacer frente a un eventual rebrote del COVID-19, permitirían ya el cambio de fase.

Así, el Gobierno madrileño entiende que la forma en la que se han tomado las decisiones desde el Ministerio de Sanidad en esta cuestión, «podrían vulnerar varios principios y normas esenciales de nuestro ordenamiento jurídico».

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