Las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid podrían tener más personal e inspecciones

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El Consejo de Gobierno aprobó el Acuerdo Marco, que fija las condiciones de contratación de plazas concertadas en la región.

El Acuerdo Marco contará con una dotación de casi 900 millones de euros, sustituirá al vigente desde 2017 y establece el régimen económico, los criterios de adjudicación y prescripciones técnicas de los contratos derivados que licita el Gobierno regional. Con ellos, realiza la contratación de plazas, cuyo precio pasará de 54,51 euros diarios actuales a 74,88 euros.

La consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, afirmó este lunes que «es gran logro para la Comunidad de Madrid porque sitúa las residencias que están bajo este convenio en los ratios de más personal y va a incidir en una mayor calidad». También ha destacado que con este acuerdo «también se han incrementado las penalizaciones que no cumplen lo que establezcamos en los contratos».

El nuevo acuerdo permitirá aumentar en cinco puntos el ratio de personal de atención directa de los centros, en el que se incluyen médicos, enfermeros, gerocultores, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales o psicólogos. Además, la eleva para la suma de todos los profesionales encargados de la limpieza, cocina y mantenimiento.

Asimismo, cambiarán los criterios de adjudicación de los contratos, dando preferencia a aspectos relacionados con la calidad en la atención a los mayores, frente a la oferta económica de los licitadores. Algunos de los que van a tener en cuenta son la puesta en marcha de talleres innovadores de terapia; la contratación de mayor número de fisioterapeutas o animadores socioculturales; la existencia de planes de formación continuada para todos los trabajadores, la mejora de sus condiciones salariales o la calidad de alimentación en las residencias.

Dancausa también destacó que van a incrementar el número de inspectores (técnicos de la Consejería de Sanidad y de Política Social) y para ello apunta a la elaboración de un plan de inspección, «aunque no suceda nada», en alusión a la tremenda repercusión que tuvo la COVID-19 en las residencias de mayores de la región.

 

 

 

 

 

 

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