La reforma de las cotizaciones de autónomos sale adelante en el Congreso de los Diputados

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puestos de cotrabajo en boadilla del monte

Incluye el nuevo sistema, cambia el cese de actividad y reconoce circunstancias especiales. Se tramitará como proyecto de Ley y entrará en vigor en 2023.

El Congreso de los Diputados aprobó ayer las nuevas condiciones del Régimen General de Trabajadores Autónomos (RETA). Esta reforma fue acordada entre las asociaciones y el Gobierno de España y posteriormente publicado en el BOE como real Decreto-Ley. Ha tenido una mayoría de 260 votos a favor y 25 abstenciones.

Entre las nuevas condiciones, como contó este periódico, crearon un nuevo sistema de cotización en el que las cuotas se establecen en 15 tramos y oscilarán entre los 230 y 500 euros el primer año; 225 y 530 € el segundo; y entre 200 y 530 € en 2025. También mejora la protección por cese de actividad, especialmente en situaciones extraordinarias. Incluía además una tarifa plana de 80 € que se puede ampliar un año más y hay reducciones y bonificaciones para circunstancias especiales. Entrará en vigor el 1 de enero de 2023.

Valoraciones

Desde la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) han celebrado “que prácticamente el 75% de los diputados del Congreso hayan validado este acuerdo del Diálogo Social”. Han explicado que “seis de cada 10 va a pagar en los próximos 3 años menos que lo que está pagando actualmente. Un 18-20 % va a pagar igual” y otro 20 % aproximadamente va a pagar más, pero “mucho menos de lo que se proponía al inicio de las negociaciones, prácticamente la mitad o incluso una tercera parte”.

Para su presidente, Lorenzo Amor, la persona «que tenga un rendimiento neto por debajo de los 20.400 € va a pagar menos” o lo mismo. El rendimiento neto declarado de los trabajadores por cuenta propia no llega a 16.000 €, y esta reforma ha establecido el tope para pagar más en 20.400 € al año para la persona física y en prácticamente 27.000 € para los societarios.

Ha añadido que “han acatado el mandato que instaba a agentes sociales y Gobierno a buscar un acuerdo para implantar un sistema de cotización según los ingresos reales de los autónomos”.

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