La ONG Transparencia Internacional nomina al premio Anticorrupción a la denunciante de la Gürtel, Ana Garrido

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Así lo anunció este lunes, y la ex trabajadora del Ayuntamiento de Boadilla del Monte se convierte en finalista de este galardón para 2018 cuyo ganador se conocerá el 22 de octubre.

La ONG Transparencia Internacional (TI) ha apuntado a que Garrido «es una exfuncionaria pública en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte cuyas revelaciones como denunciante dieron inicio al caso Gürtel, que llevó a la caída del Gobierno español».

Al premio habían optado más de 1.000 nominaciones y de ellas se quedaron en 169 personas e instituciones, de las que han pasado a la final cuatro, entre las que han incluido a Garrido que ahora dedica sus esfuerzos para que se adopte una legislación que proteja de manera efectiva a los denunciantes. Junto a ella optan Daphne Caruana Galizia como candidata a título póstumo, ya que fue asesinada en octubre de 2017, y que se trata de una «eficaz y valiente periodista de investigación que puso al descubierto múltiples escándalos de corrupción vinculados con poderosos políticos en Malta y en el extranjero»; la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo internacional que investiga y juzga graves delitos en el país; y Khadija Ismayilova, una reconocida periodista de investigación y activista de derechos humanos de Azerbaiyán, a quien actualmente se le ha prohibido salir del país.

El ganador será desvelado el 22 de octubre en una ceremonia en Copenhague, durante la Conferencia Internacional contra la Corrupción (IACC).

«Al seleccionar a estos cuatro finalistas y reconocer su inspiradora trayectoria, reconocemos el impacto que han logrado, así como la valentía con la que han actuado», han señalado desde la organización cuyo galardón comenzó en el año 2000 como el Premio a la Integridad, para luego cambiar de nombre en 2016, el Premio Anticorrupción, que distingue a personas y organizaciones excepcionales en todo el mundo, incluidos periodistas, fiscales, funcionarios gubernamentales y líderes de la sociedad civil.

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