Es algo que contempla la nueva Ley de Infancia cuya tramitación va a impulsar el Gobierno regional.
El Observatorio de Infancia permitiría supervisar en todo momento la situación de los niños en nuestra región, detectando las fortalezas y debilidades del sistema, para actuar del modo más rápido y eficaz posible en la protección de los menores.
La Comunidad de Madrid va a iniciar la tramitación de una nueva Ley de Infancia con la que quiere blindar los derechos de los niños y adolescentes madrileños, ajustando la legislación regional a las modificaciones del sistema nacional de protección a la infancia y a la adolescencia que se realizaron en 2015, tal y como anunció este miércoles en rueda de prensa el vicepresidente, consejero de Deportes, Transparencia y portavoz del Gobierno, Ignacio Aguado.
Uno de los puntos más relevantes de la nueva ley afectará al sistema de protección, con medidas enfocadas a priorizar el acogimiento familiar frente al residencial, en sus diversas formas. También determinará la manera en la que los niños y adolescentes de la participen de forma activa en las decisiones que les afecten, teniendo en cuenta que son sujetos de pleno derecho.
La ley vigente en materia de infancia en nuestra región data de 1995 y «se ha quedado obsoleta en numerosos aspectos», entre ellos la inclusión del interés superior del menor en todas las decisiones que afecten a su vida, los procedimientos propios del sistema de protección o adopción, y la prevención de todo tipo de violencia contra la infancia.
Aguado ha señalado que con esta nueva normativa Madrid se convertirá en una de las primeras comunidades autónomas en realizar esta adaptación, solo por detrás de la Comunidad Valenciana y de las Islas Baleares y estará «en sintonía con la comunidad internacional», ya que incorporarán al texto madrileño «algunas de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas”.
El Gobierno autonómico tiene previsto que se apruebe en esta legislatura y ha anunciado su intención de reunirse con las organizaciones más importantes que trabajan con la infancia en la región, para recabar sus opiniones sobre los aspectos que requieren actualización o regulación. Aguado ha recalcado que el objetivo es elaborar un texto que consiga un amplio consenso, tanto de los distintos grupos parlamentarios como de las entidades más representativas en la materia.
