La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo ha anunciado para que surta efectos en 2023 en la Declaración de la Renta de los madrileños.
El pasado mes de mayo Ayuso anunció ese ajuste, llamado deflactación de la tarifa autonómica del IRPF. Tal y como contó Boadilladigital estaba previsto que entrase en vigor el 1 de enero de 2023, sin embargo, el Gobierno regional lo adelantará a finales de 2022.
El objetivo, según ha contado la presidenta durante su intervención en la Asamblea autonómica en la primera sesión del debate sobre el estado de la región, es que que con este adelanto las familias puedan disponer de mayores recursos con los que hacer frente a la alta inflación y la subida de precios de la energía, carburantes o alimentos.
Pero ¿qué implica la deflacción? El incremento salarial puede provocar que una persona pase de su actual tramo del impuesto al siguiente más superior, lo que conlleva pagar más. De esta forma, corregirán los tramos de renta por los que se tributa, de manera que se ajusten a la subida de precios y se evita la pérdida de poder adquisitivo.
Por ello, también va a aplicarse al mínimo personal y familiar, que es la parte de la renta por la que no se tributa al destinarse a satisfacer las necesidades básicas personales y familiares. Así, se elevará el tope de este tramo para que las familias no acaben pagando una cuota superior a la de su capacidad económica.
Para establecer el porcentaje sobre el que se realizará la deflactación, se tomará como referencia el incremento medio de los sueldos en la Comunidad de Madrid, según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), ya que son los rendimientos de trabajo los que están ligados a la tributación por IRPF. En concreto, se establecerá el dato del segundo trimestre de 2022, que se publicará el próximo 16 de septiembre.
Una vez que se apruebe este mismo año, se sumará a la rebaja de medio punto de todos los tramos autonómicos del impuesto validado por la Comunidad de Madrid, que entró en vigor el pasado 1 de enero.
