El Gobierno regional impulsa un anteproyecto de ley que plantea eliminar la potestad que tienen actualmente los políticos madrileños.
Actualmente la Asamblea de Madrid propone una de cada tres plazas de juez de las Salas de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), según está recogido en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esto podría cambiar, de manera que en un futuro podría ser el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) (el máximo órgano de gobierno de los jueces) quien los nombre directamente.
El objetivo de esta modificación legislativa es «despolitizar» la Justicia, algo que no sería del todo cierto, ya que los integrantes del CGPJ son propuestos por el Congreso de los Diputados y el Senado, es decir, los partidos políticos.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha conocido un informe de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas sobre este anteproyecto que conlleva la modificación de dos artículos: el 330.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y el 13.2 de la Ley 38/1998, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial.
En el primero de ellos se propone que en las Salas de lo Civil y lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, el CGPJ sea el encargado de cubrir por concurso una de cada tres plazas por un jurista de reconocido prestigio con más de diez años de ejercicio profesional en la comunidad autónoma. Hasta ahora la elección se realiza, a partir de una terna, a propuesta de la Asamblea de Madrid.
Con el cambio legislativo planteado, las restantes plazas también serán cubiertas por magistrados nombrados a propuesta del CGPJ entre los que lleven diez años en la categoría y en el orden jurisdiccional civil o penal y tengan especiales conocimientos de derecho civil, foral o especial, propio de la Comunidad autónoma, como ya se hace en la actualidad.
En el otro artículo que se modifica, se suprime la propuesta de nombramiento entre la terna promovida por la Asamblea de Madrid y, al igual que en el anterior punto, se sustituye por magistrados nombrados por juristas de reconocido prestigio, en la forma prevista en el artículo 330 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Cuando se apruebe el anteproyecto de Ley en el Consejo de Gobierno, continuará la tramitación hasta su aprobación como proyecto y luego se enviará a la Asamblea de Madrid, que lo remitirá como proposición de ley a la mesa del Congreso de los Diputados. La ley orgánica entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
