Tras el anuncio de su instalación en octubre de 2020, los 18 votos de PP y Vox derogan ahora esta moción que solo apoyaron siete concejales.
El pasado 17 de marzo, en el Pleno Municipal, el Grupo Socialista solicitó la instalación del contenedor marrón en todo Boadilla del Monte antes de enero de 2024, propuesta que no contó con el apoyo del PP y VOX. De esta manera, según Alfonso Castillo, portavoz del PSOE en el municipio, ambos partidos «obvian el beneficio económico y ambiental que ello supondría». Así como «la normativa comunitaria (Directiva comunitaria 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018) y la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular fijan como fecha tope de instalación enero del 2024».
Del mismo modo, recuerda que en octubre de 2020 el equipo de Gobierno municipal anunciaba la instalación del llamado quinto contenedor o contenedor marrón en la localidad, el cual comenzaría a situarse en los establecimientos para, posteriormente, continuar con las distintas zonas del municipio.
Dos años y medio después, el PSOE, según reza el comunicado que le ha hecho llegar a este medio, recuerda que el «anuncio del equipo de gobierno fue sólo humo, dado que el quinto contenedor no está implementado, ni extendido para su uso por nuestros vecinos».
Según Castillo, este nuevo contenedor estaría destinado a «depositar restos de cocina como fruta, cáscara o piel de frutos, verduras, hortalizas, posos de café o infusiones, cáscaras de huevos, restos de jardín, pequeñas cantidades de papel (servilletas de mesa), serrín, entre otros» y fomentaría la «separación de residuos adecuadamente».
Por otro lado, asegura que «otra opción para estos residuos es utilizarlos en una planta de biogás» y finaliza aludiendo a la necesidad de realizar una «transición ecológica hacia una sociedad eficiente en el uso de los recursos, que responsabilice al ciudadano con los residuos que genera y son los ayuntamientos los que deben, sin mayor dilación, adoptar estrategias y servicios para este cambio social».
En el Pleno, el PP argumentó su postura en base al coste de la medida, que pasaría de cinco a diez millones su puesta en marcha y al silencio de la ministra de Transición Ecológica ante la carta que el alcalde, Javier Úbeda, le envió explicando las dificultades de la activación de la iniciativa.
