El Grupo Municipal Socialista propone en el Pleno de septiembre del Ayuntamiento que un mínimo de un 25 por ciento de la provisión pública de vivienda sea en ese régimen.
Según han explicado desde el PSOE en una nota, consideran ese porcentaje dentro de «un momento óptimo» ya que la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) está en plena contratación del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas de 158 viviendas de protección pública básica (VPPB), trasteros y garajes, en la parcela RM 9.4 del sector AH38 «Valenoso» del Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte.
También proponen que se dediquen a vivienda pública en arrendamiento para jóvenes, mayores y familias vulnerables y que los precios sean reducidos no superando una rentabilidad del 5% anual del coste de construcción de las mismas para la EMSV.
Los socialistas han recordado que » a lo largo de diversas legislaturas en el municipio», han abogado para que se produzcan ofertas de vivienda pública que facilite a los colectivos más vulnerables el acceso a la misma, como en marzo de 2006 cuando se produjeron quejas de ciudadanos que participaron en concurso para la compra, «a las que tuvieron que renunciar por el alto coste de las mismas», o en el 2018 con una propuesta en vivienda pública y «la necesidad de facilitar a los más jóvenes el acceso a la misma que fue desestimada por la mayoría absoluta del Partido Popular en el municipio».
También apuntan a que, a pesar de haber insistido en su demanda en enero de este año, «igualmente desestimada», llevan a la sesión plenaria de este mes esta moción en la que siguen las recomendaciones del Banco de España en el documento denominado ‘Intervención pública en el mercado de alquiler de vivienda‘.
El portavoz del Grupo municipal PSOE, Alfonso Castillo, considera que el municipio de Boadilla, no es ajeno a la situación del mercado inmobiliario «como hemos podido observar en el último sorteo de vivienda en alquiler, donde han participado cerca de 750 vecinos y vecinas para las siete ofertadas, lo que implica que hay una demanda consolidada en régimen de alquiler no atendida».
En ese contexto, apuntan a que «es responsabilidad de administraciones publicas reforzar el papel de las políticas públicas en el mercado del alquiler residencial, con el objetivo de mejorar las condiciones de acceso a la vivienda por parte de los colectivos más vulnerables».
