En abril entrará en vigor en la Comunidad de Madrid la Ley de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia.
Partido Popular y VOX, con las abstenciones del resto de grupos de la cámara (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos), han logrado la aprobación de la que se convierte en la sexta ley convalidada en el parlamento autonómico en lo que va de año, y entrará en vigor el próximo mes de abril tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. La nueva norma sustituye a la vigente desde 1995 y, según informó la Comunidad de Madrid, se adapta al marco normativo nacional e internacional.
En el documento se introducen los principios rectores de la actuación administrativa en materia de infancia y adolescencia, así como también el marco de colaboración con las familias, administraciones públicas, entidades del tercer sector y empresas. Unido a ello, adecúa la legislación a las prácticas en valoración y tratamiento del riesgo, «impulsando con tal motivo los mecanismos de protección y prevención».
Desde el Gobierno regional han señalado que esta nueva Ley de Infancia trata los derechos de los niños en relación con el entorno digital con el fin de promover su aprendizaje y un uso responsable y seguro, protegiendo a los menores frente a contenidos perjudiciales (verificación de mayoría de edad y control parental por defecto en los accesos a Internet). Añaden que el decreto incide en las situaciones de violencia y en la proliferación de noticias falsas en la red, así como los contenidos que puedan resultar dañinos para la dignidad de los menores o su desarrollo.
En este sentido, la Comunidad de Madrid señala que promoverá acciones de información, difusión y concienciación dirigidas a los padres o tutores, con el fin de lograr las competencias básicas necesarias para la enseñanza y transmisión de buenas prácticas.
El texto también incide en el cumplimiento efectivo del derecho del niño a crecer en una familia, especialmente en el caso de los menores de seis años. En lo relativo al acogimiento y la adopción, establece procedimientos acogidos al interés superior del menor frente a otros legítimos y regula las entregas voluntarias. Este ámbito, desde el Gobierno regional, la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, ha destacado: “este deber de protección se extiende no solo desde su nacimiento, sino también a la mujer embarazada, articulando mecanismos de ayuda ya desde la fase prenatal, con el objetivo de velar por la vida y la salud del nasciturus, al mismo tiempo que se ponen todos los medios y el apoyo necesario al alcance de madres jóvenes para que puedan continuar con su embarazo y criar a sus hijos dignamente, con salud y en libertad”.
Sobre el derecho a la educación, el texto promueve la escolarización universal y gratuita a niños de cero a tres años, lo que supone una de las novedades más relevantes de la nueva le. Del mismo modo, fija la protección integral de la salud de los niños como un derecho irrenunciable, al mismo tiempo que una obligación compartida por el conjunto de la sociedad.
