La organización ha publicado una aplicación en la que se localizan 132 dispersas por toda la región y se las relaciona con la vulnerabilidad ecológica de la zona en la que se ubican.
La mayoría de ellas “actúan sin contar con las autorizaciones necesarias”.
Los ecologistas regionales han señalado en un comunicado que desde hace más de una década se está produciendo en la Comunidad de Madrid una transformación de fincas rústicas agropecuarias y forestales, en negocios de celebración de eventos (especialmente bodas multitudinarias). Esta nueva actividad que se produce en entornos naturales de gran valor, “genera impactos ambientales, económicos y sociales que nunca han sido evaluados”.
Apuntan a que la el artículo 9 de la Ley 8/2012 de Medidas Fiscales y Administrativas que habla de “actos sociales y eventos familiares de especial singularidad”, abrió la puerta a legalizar y a permitir en suelo rústico, fuera cual fuera el grado de protección, negocios de hostelería, “lo que hasta ese momento no era autorizable”.
En esas celebraciones se reúnen “centenares de vehículos (coches y autobuses) y cientos de personas (la capacidad máxima suele ser 400 personas) cada fin de semana, especialmente en la temporada de primavera y verano, en eventos que incorporan música a altos niveles e incluso fuegos artificiales”. Esto sucede en zonas protegidas por la presencia de hábitats y/o fauna sensible, incluyendo áreas de cría, alimentación, anidamiento y campeo.
Ecologistas en acción cree que “la situación podría agravarse porque el artículo 35 del Proyecto de Ley de Urbanismo y Suelo que ha reiniciado su andadura en la Asamblea de Madrid, el 28 de enero, “amplia los supuestos de usos, de muevas construcciones e instalaciones autorizables. Todo ello sin que, hasta la fecha se haya realizado un análisis del impacto de esta actividad”.
Con el objetivo de “iniciar el estudio de la situación y en la obtención de información sobre el impacto ambiental de estos negocios, ha realizado el mapa de fincas rurales destinadas a la celebración de eventos sociales. Se trata de una aplicación que consiste en un visor on line constituido por ocho apartados con información específica (localización y delimitación de la superficie de cada finca, área afectada en cada finca, clasificación del suelo, usos del suelo, afección a espacios protegidos y Red Natura, áreas ecológicamente sensibles y fuente de la que se ha obtenido la información).
En ella han detectado 132 fincas dedicadas a la celebración de eventos sociales, distribuidas en 62 municipios de todo el territorio de la Comunidad de Madrid, aunque más concentradas en la zona oeste. En los que se han detectado mayor número de fincas son Chinchón (9), Valdemorillo (7), Galapagar (7), Madrid (5), Aranjuez (5), San Lorenzo de El Escorial (4), Arganda del Rey (4), el resto de los 62 municipios cuentan con 1 ó 2.
Del total, 97 (73%), se localizan en suelo no urbanizable de protección, han indicado; 34 (26%) en espacios naturales protegidos concentrándose la mayor parte en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares (13), Parque Regional del curso medio del río Guadarrama (12), Parque Regional del Sureste (8) y 1 en el Parque Natural Regajal-Mar de Ontígola.
Asimismo, denuncian que 64 (48%) se localizan en espacios Red Natura siendo los más afectados la ZEC y ZEPA de las Cuencas y Encinares de los ríos Alberche y Cofio (15), la ZEC Cuencas del río Manzanares (14), la ZEC Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid (13) y la ZEC Cuenca del río Guadarrama (12).
Efectos
En cuanto a las consecuencias, han afirmado que no han podido estudiar el impacto ambiental causado en cada finca por “falta de datos, medios y tiempo”, por lo que se ha valorado la vulnerabilidad de la zona en la que se localizan con seis indicadores: hidrología, ecosistemas, entornos naturales, suelo, riesgo de incendios y fragilidad del paisaje. De esta forma han creado el mapa de Áreas Ecológicamente Vulnerables de la Comunidad de Madrid.
En él, están reflejado que de las 132 fincas, 70 (53 %) se localizan en entornos de vulnerabilidad muy alta; 48 (36 %) en alta y 14 (10,6 %) moderada, no focalizándose ninguna en áreas de baja. “Esto quiere decir que al situarse la mayoría de las fincas en entornos muy sensibles, el impacto ambiental potencial es elevado”, han precisado.
En cuanto a la legalidad de la actividad, no tienen datos por la dificultad de acceso a los mismos. En este aspecto indican que intervienen dos administraciones: la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que debe conceder calificación urbanística y el ayuntamiento del municipio en el que se localiza tiene que emitir licencia. Y creen que “la mayoría de las fincas funcionan ilegalmente”. De las 132 analizadas, al menos 24 de ellas (18%), han sido denunciadas en algún momento de su actividad por carecer de autorizaciones y sólo se conocen 38 que cuenten con la autorización de la Comunidad de Madrid, paso previo a conceder licencia municipal.
Otro de los aspectos en los que han incidido los ecologistas es “la afección que esta actividad está ocasionando sobre negocios hosteleros legales y asentados en suelo urbano. En este sentido hablan de datos de la asociación FEIDE (Fincas y Espacios Ilegales de Eventos) y han afirmado que “en los últimos años no se ha producido la apertura en suelo legalizado de ninguna nueva instalación hostelera dedicada a estos eventos. Por el contrario, se ha constatado el cierre de empresas que venían actuando en el marco de la legalidad, incapaces de competir con los nuevos operadores”.
Asimismo, creen que también hay “impacto social”, ya que “en ocasiones las fincas se localizan próximas a zonas residenciales y el tránsito de vehículos, el ruido, la música, incluso la pirotecnia, hasta altas horas de la madrugada dificultan la convivencia”. Y cuando las personas afectadas denuncian los hechos, “se encuentran con la pasividad de las administraciones competentes”, e incluso los afectados se ven obligados a acudir a la justicia, y han señalado que a veces los propietarios de estas grandes áreas “suelen tener gran influencia sobre los ayuntamientos y la administración regional”.
La principal conclusión de Ecologistas en acción es que “no se debe seguir incrementando el número de fincas rústicas dedicadas a este tipo de actividad, tiene que investigarse la situación de las existentes para proceder al cierre de todas aquellas que carezcan de autorización y no se deben seguir aprobando leyes ad hoc para favorecer una actividad que no beneficia al medio ambiente, que genera competencia desleal y conflictos sociales graves”.
